Defensa del trabajo digno y de los derechos colectivos en el Mercado Belisario Domínguez de Ocosingo, Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A 23 de junio de 2026

Boletín No. 09

 

Defensa del trabajo digno y de los derechos colectivos en el Mercado Belisario Domínguez de Ocosingo, Chiapas

 

Despojo, hostigamiento y obstrucción al acceso a sus espacios de trabajo contra 37 personas locatarias del Mercado Tradicional

 

• La tierra, el territorio y los espacios comunitarios no son mercancía, son parte de la vida y la dignidad de los pueblos.

 

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denunciamos públicamente los actos de despojo, hostigamiento, amenazas y obstrucción al acceso a sus espacios de trabajo; perpetrado por integrantes de Mesa Directiva de la Coalición de Locatarios contra de 37 locatarias y locatarios, tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes forman parte de la Coalición de Locatarios del Mercado Tradicional “Dr. Belisario Domínguez” (en adelante, Coalición de Locatarios), ubicado en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

 

Desde su fundación en 1985, el mercado ha representado un espacio de trabajo, sustento familiar y organización comunitaria para pueblos indígenas, que históricamente han sostenido la vida económica del municipio. Sin embargo, integrantes de la Mesa Directiva de la Coalición de Locatarios han realizado actos que afectan directamente los derechos de 37 personas locatarias, entre ellos el cierre arbitrario de locales, el bloqueo de accesos, la construcción de bardas, el retiro de mercancía; junto a amenazas y presiones económicas.

 

El día 14 de agosto de 2025, Jorge Sánchez, integrante del CNI, fue despojado de sus locales por parte de la Mesa Directiva de la Coalición de Locatarios. Saquearon sus pertenencias y construyeron un muro frente a su local para impedirle el acceso a su trabajo.

 

En esa misma fecha, Sara Toledo, integrante del CNI también fue despojada de su local. Sacaron sus pertenencias y soldaron las cortinas de su local para impedirle que siguiera trabajando. Sara es una mujer viuda, madre de seis hijos y pertenece al pueblo tseltal. Además, enfrenta una situación especialmente grave debido a que una de sus hijas padece cáncer.

 

A la fecha, las dos personas integrantes del CNI llevan 268 días sin poder trabajar ni generar ingresos para sostener a su familia.

 

El 23 de noviembre de 2025, la Mesa Directiva de la Coalición de Locatarios ordenó la construcción de bardas perimetrales para bloquear el acceso a cuatro locales más pertenecientes a Enrique López Sántiz y Tomás López Entzín, personas tseltales dedicadas a la venta de ropa y calzado. Estas acciones tuvieron como finalidad impedirles continuar trabajando y ejercer presión para despojarlos de sus espacios. Es importante señalar que Enrique vive con diabetes, situación que se agrava debido a la pérdida de sus ingresos.

 

Asimismo, se ha denunciado el ingreso constante de materiales de construcción al interior del mercado, con la intención de continuar cerrando otros locales, pertenecientes a integrantes del CNI. Estas agresiones se realizan principalmente durante horarios nocturnos y han incluido el corte de servicios básicos como energía eléctrica y agua.

 

Desde el Frayba, consideramos sumamente preocupante que, pese a la gravedad de los hechos denunciados, las autoridades estatales y municipales no han garantizado medidas efectivas de protección ni han intervenido para restituir los locales y salvaguardar los derechos de las personas afectadas.

 

Es importante señalar que las y los locatarios cuentan con una sentencia de prescripción positiva que reconoce jurídicamente la posesión legítima de los espacios comerciales que históricamente han ocupado y trabajado. No obstante, mientras algunas personas lograron escriturar sus locales mediante esa misma resolución judicial, actualmente a otros locatarios se les está negando dicho derecho a través de prácticas arbitrarias impulsadas por la Mesa Directiva de la Coalición de Locatarios, como cobros excesivos de hasta 300 mil pesos como condición para acceder a la escrituración; situación que profundiza las condiciones de desigualdad, discriminación y vulnerabilidad económica, de familias trabajadoras e indígenas, que durante años han sostenido la actividad comercial y la vida comunitaria dentro del mercado.

 

Los hechos denunciados representan graves violaciones al:

 

- Derecho al trabajo.

- Derecho a la propiedad.

- Derecho a la seguridad e integridad personal.

- Derecho de acceso a la justicia.

- Derecho a la seguridad jurídica.

- Derecho a la no discriminación.

- Derechos colectivos de pueblos indígenas.

 

Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Estado mexicano:

 

- El cese inmediato de los actos de hostigamiento, violencia, intimidación y despojo cometidos contra las y los locatarios afectados.

 

- La restitución inmediata de los locales que han sido cerrados, bloqueados o intervenidos arbitrariamente.

 

- Garantías plenas para el libre acceso y uso de los espacios comerciales.

 

- El respeto y reconocimiento del derecho de escrituración de todas las personas locatarias amparadas por la sentencia de prescripción positiva, sin cobros excesivos, discriminación ni condicionamientos arbitrarios.

 

- La intervención urgente de las autoridades estatales y municipales competentes para prevenir agresiones, amenazas, hostigamiento; y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas afectadas.

 

- La implementación de medidas de protección y seguridad para las familias locatarias que han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y actos de despojo.

 

- La apertura de un proceso de diálogo transparente, legítimo y con garantías de imparcialidad que permita resolver esta problemática sin exclusión, violencia ni represalias.

 

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a alzar la voz y manifestar su apoyo frente a estos actos de violencia, exclusión, discriminación y despojo que buscan vulnerar el derecho al trabajo y derechos colectivos contra integrantes del CNI que históricamente han sostenido la vida económica y comunitaria trabajando legítimamente en estos espacios.