Violaciones a derechos humanos de Pueblos Originarios en Chiapas ante la ONU


 

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES QUE PROMOVIERON LA VISITA DE LA RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, VICTORIA TAULI-CORPUZ, A CHIAPAS, EN 2017. EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE SU INFORME EN MÉXICO.

 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 15 de octubre de 2018.

 

Las comunidades indígenas, sus organizaciones y las de la Sociedad Civil en Chiapas que participamos en la realización de la visita de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- sobre Pueblos Indígenas, a nuestro estado el 14 de noviembre de 2017, queremos resaltar algunos de los elementos que arroja su informe, mismo que fue presentado en Ginebra, Suiza, en septiembre de 2018 y el día de hoy entregado oficialmente al gobierno mexicano.

 

En su informe, concluyó que “la situación actual de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país” y que “dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética”.

 

Durante la visita a Chiapas, en noviembre de 2017, la Relatora se reunió en La Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas, con cientos de representantes y organizaciones acompañantes. Pudo escuchar y constatar la persistente situación de violaciones a los derechos humanos que sufren los Pueblos Originarios. Las y los anfitriones del ejido La candelaria informaron sobre su lucha para proteger Suyul, su laguna sagrada, frente a proyectos gubernamentales turísticos, de carreteras y otros que afectarían la integridad de su territorio y la continuación de sus prácticas culturales. Amenaza latente con el anuncio de reactivar el proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque, dos veces detenido anteriormente por la resistencia indígena.

 

Los proyectos existentes “de desarrollo” en Chiapas en materia energética, agraria, agroindustrial, turística entre otros, amenazan el derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. En la zona zoque, por ejemplo, la entrega de concesiones de hidrocarburos, así como otros proyectos en la región, se dan sin un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Actualmente, para la zona Norte de Chiapas, el proyecto de Tren Maya repite el mismo modelo de imposición y discriminación.

 

Coincidimos con la relatora en la urgencia de preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas enfatizando que se requiere de una reglamentación adecuada al derecho internacional, ya que este asunto se encuentra en la raíz de muchos de los problemas de sus derechos humanos.

 

En el Informe sobre La Situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas1, entregado a la Relatora en noviembre de 2017, planteamos como recomendación: “poner en el centro de cualquier discusión sobre derechos de los Pueblos Indígenas el inalienable derecho a decir ‘NO’ sin cortapisas, sin candados. La reposición del ‘NO’ para los Pueblos Indígenas frente a proyectos, planes, políticas de estado o empresas que afectan sus territorios y bienes naturales es condición indispensable para el ejercicio de la libre determinación, de la restitución de los territorios y del ser originario”.

 

En este sentido nos parece un avance ante los riesgos de simulación de consulta, la recomendación de la Relatora cuando: “alienta a los pueblos indígenas, al Estado y a otros actores a que incluyan en sus debates opciones adicionales, incluyendo los procesos de autoconsulta o los protocolos de relación con el Estado desarrollados por los pueblos indígenas. Cualquier mecanismo utilizado por el Estado para cumplir con el deber de consultar debe ser, en sí mismo, el resultado de diálogo y consulta de acuerdo con los estándares internacionales”.

 

En el apartado sobre Libre determinación y participación política, la Relatora conoció en Chiapas varias iniciativas indígenas, como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), compuesto por comunidades indígenas de 11 municipios, en varios de ellos se busca implementar sistemas de gobierno por la vía de sistemas normativos internos. También recibió información sobre programas productivos, educativos, de salud y justicia en los municipios autónomos y las Juntas de Buen gobierno de Los Caracoles, estructuras vinculadas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

 

Reconociendo los procesos de municipios como Oxchuc, Sitalá y Chilón, y compartiendo la recomendación de la Relatora de adoptar “medidas legales y administrativas necesarias para que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a elegir sus propias autoridades en elecciones municipales de acuerdo con sus usos y costumbres”, urgimos al Congreso de Chiapas a establecer una base normativa para implementar este tipo de procesos.

 

En cuanto a Violencia, impunidad y acceso a la justicia, las recomendaciones emitidas por la Relatora coinciden con problemáticas que afectan a nuestros pueblos, aunque lamentablemente también a gran parte de la población en nuestro país: asesinatos, amenazas, agresiones, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas, uso del aparato de justicia y carcelario para criminalizar a pueblos organizados en defensa de sus derechos, etc. Igualmente nos preocupa la impunidad que ha prevalecido en casos emblemáticos como la masacre de Acteal (22 de diciembre de 1997).

 

El Informe de la Relatora visibiliza la grave situación en el tránsito por Chiapas de los migrantes, indígenas centroamericanos, de quienes afirma: “sufren persecución, extorsión y secuestros por autoridades federales y estatales y grupos criminales”. Advierte del “uso de prácticas de perfil racial por varios agentes migratorios” contra indígenas migrantes centroamericanos e indígenas mexicanos residentes en la región fronteriza donde con frecuencia son detenidos de manera arbitraria y, en el caso de los extranjeros, devueltos a su país de origen sin asesoría legal. Eso es una realidad particularmente sensible en Chiapas, estado fronterizo, y que se ha ido deteriorando por las políticas migratorias norteamericanas. Queremos enfatizar particularmente la vulnerabilidad de las mujeres indígenas migrantes quienes “enfrentan riesgos adicionales por la trata de personas en la zona fronteriza” y altos riesgos de violencia sexual.

 

En su visita a Chiapas, se le presentó a la Relatora la amplitud y diversidad de formas de violencia dirigida hacia las mujeres, misma que ha ido en aumento en los últimos años sin que la Alerta de Violencia de Género declarada en octubre de 2016 haya marcado una diferencia significativa. Queremos subrayar que le sigue faltando una revisión intercultural a este mecanismo. Coincidimos con la Relatora que: “deben adoptarse medidas específicas para abordar los problemas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en relación con el acceso a tierras y el acceso a la justicia, en casos de violencia sexual y obstétrica, feminicidios y otros”. Urgimos a que todas las recomendaciones se consideren desde una perspectiva de género. De manera específica, urgimos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tomar medidas para promover los derechos de las parteras indígenas.

 

En cuanto a desplazamiento forzado, una de las recomendaciones de la Relatora es sobre el caso Chenalhó/Chalchihuitán. Mientras la Relatora se encontraba de visita en Chiapas, se produjo una crisis humanitaria en ambos municipios donde más de 5,000 personas en su mayoría mujeres, niñ@s y ancianos tuvieron que abandonar sus casas por el riesgo a sus vidas. Esta cifra disminuyó con el retorno obligado de 3858 indígenas de Chalchihuitán, el 02 de enero de 2018. Sin embargo, retornaron a sus comunidades de origen sin contar con condiciones de seguridad para hacerlo debido a la presencia de grupos que no han sido desarmados; y la mayoría se encuentran rentando terrenos sin regresar a sus casas o tierras. Mil 165 personas continúan en desplazamiento forzado en Chalchihuitán.

 

A partir del 27 de febrero de 2018 la crisis humanitaria por desplazamiento forzado se extendió en la región. Grupos armado provenientes del ejido Manuel Utrilla de Chenalhó, iniciaron un ataque armado en contra de las comunidades de: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, del municipio de Aldama, que se encuentran en las cercanías del río que marca la colindancia entre ambos municipios. Las cinco comunidades se encuentran en situación de desplazamiento forzado y asediadas por constantes disparos de ráfagas con armas de fuego. En especial riesgo para mujeres, niñas, niños y personas mayores de edad, El día 05 de octubre de 2018, el niño Juan de Jesús Pérez Santís, de 12 años de edad, fue herido de bala cuando se encontraba en su casa, en la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, Chiapas, México. El 02 de abril de 2018, los niños Alonso Gómez Hernández, de 17 años y José Antonio Gómez Hernández, de 11 años, fueron emboscados y asesinados cuando se dirigían con su padre a su milpa, en el camino del tramo a Tselejpotobtik; en ambos casos los disparos venían desde el ejido Manuel Utrilla, Chenalhó. (2)

 

Ratificamos la urgencia de atender la recomendación de la Relatora en el sentido de que “Las autoridades deben resolver los factores subyacentes detrás de estos desplazamientos, tales como conflictos territoriales y políticos, la presencia del crimen organizado y grupos armados, mediante procesos de investigación, sanción, reparación y justicia. En casos graves, como el conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, las autoridades estatales, federales y agrarias deben garantizar que las medidas adoptadas no generen más conflictividad entre comunidades indígenas”. Ampliamos las recomendaciones para la situación de desplazamiento en Aldama.

 

Desde Chiapas, agradecemos a la relatora su oído atento a lo que se le planteó durante su viaje a México. Manifestamos que el Estado mexicano es el responsable de garantizar el cumplimiento de la recomendaciones manifestadas por la Relatora, subrayando que la situación en que se encuentran los pueblos indígenas en Chiapas incluso se ha agravado desde la anterior visita de un Relator de derechos de los pueblos indígenas hace 15 años.

 

 

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Organización Xinich
Comisión permanente por la paz y justicia indigena de Oxchuc
Formación y Capacitación A.C.
Organización Nacional del Poder Popular ONPP-CHIAPAS
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)
Melel Xojobal A.C.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ

 

1. Informe sobre La Situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas. 14 de noviembre de 2018.

2. Infancia de comunidades tsotsiles en desplazamiento forzado en riesgo a la vida. 12 de octubre de 2018.

 

Violaciones a derechos humanos de Pueblos Originarios en Chiapas ante la ONU

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