Criminalización de la protesta social práctica recurrente en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

26 de septiembre del 2013

Boletín No. 28

Criminalización de la protesta social práctica recurrente en Chiapas

• Exigimos la libertad inmediata de Adela y Noé, activistas sociales

Después del trabajo de documentación realizado por este Centro de Derechos Humanos consideramos que la Privación Arbitraria de la Libertad de la maestra Adela Gómez Martínez (en adelante Adela) y del maestro Noé Hernández Caballero (en adelante Noé), responde a un patrón de criminalización y judicialización de la protesta social en Chiapas donde una vez más la justicia responde a intereses que transcienden el ámbito jurídico.

Adela y Noé, activistas sociales, fueron privados arbitrariamente de la libertad en Tuxtla Gutiérrez con una acción policiaca desproporcionada el día 15 de agosto de 2013¹, cuando, de regreso a su casa a las 20:30 hrs., se les interceptó, sin que se les mostrara orden de aprehensión alguna, por agentes vestidos de civiles.² Posteriormente Adela y Noé se percataron de que la averiguación previa se integró en cinco días.

El día 15 de agosto de 2013 se ordenó su detención con una orden de búsqueda y aprehensión, girada en su contra, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Se les acusa de los delitos de extorsión y motín supuestamente cometidos durante una manifestación de protesta. Acción convocada por la Organización Nacional del Poder Popular en la que Adela y Noé militan, realizada el día 8 de agosto de 2013, en la autopista San Cristóbal de Las Casas - Tuxtla Gutiérrez, en el municipio de Chiapa de Corzo.

Cabe mencionar que el 15 de agosto de 2013, Adela y Noé tenían una reunión programada con el Secretario General de Gobierno Oscar Eduardo Ramírez Aguilar quien al último momento la canceló.

Según testimonio, el gobierno estatal a través del titular de la Secretaría del Campo, Julián Nazar Morales, como consigna por parte del gobierno del estado declaró que cualquiera que se manifieste para solicitar sus demandas o peticiones al gobierno de Chiapas, éste respondería negativamente y que cualquier acto de protesta sería contraproducente a sus demandas.

Como Centro de Derechos Humanos nos preocupa que el estado esté violando el derecho a la protesta de la población, lo que corresponde a una violación a los derechos a la libertad de expresión y de reunión así como lo manifiesta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “subraya que la participación política y social a través de la manifestación política es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades. Dicha participación, como un ejercicio de la libertad de expresión y de libertad de reunión […]”.³

En el caso de Adela y Noé las violaciones a estos derechos se dieron junto a otras violaciones tales como: la integridad y libertad personal, seguridad personal, abuso de autoridad, debido proceso, garantías judiciales y derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Todos ellos, reconocidos, promovidos, signados y ratificados por el Estado mexicano en instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará).

Por todo lo anterior, este Centro de Derechos Humanos, exige al gobierno del estado de Chiapas la liberación inmediata de las dos personas activistas sociales Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero en injusta reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate, Cintalapa.⁴

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