Defensoras por la Vida y la Dignidad

En México defender nuestros derechos humanos como mujeres, es una labor de riesgo a la vida, seguridad e integridad. Enfrentamos criminalización, difamación, hostigamientos, amenazas, intimidaciones y agresiones diversas, que se suman a las múltiples violencias por razón de género que en este país se mantienen cotidianamente. El machismo y la misoginia también impactan en nuestra labor que rompe estereotipos con nuestra participación y voz pública. Somos asesinadas, desaparecidas y torturadas para controlarnos, silenciarnos e invisibilizarnos.

Esta violencia feminicida afecta a las defensoras como a todas las mujeres, el Estado mexicano no garantiza nuestra protección e incluso sostiene la impunidad, el silencio y la permisividad. La omisión y aquiescencia de las instancias encargadas de procurar justicia provoca falta de confianza en las instituciones que interrumpen o desvían procesos de investigación, especialmente en casos de feminicidios, tentativas de feminicidios y abuso sexual, así como en desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. En paradoja, la falta de perspectiva de género influye en perseguir y juzgar con patrones de estigmatización, sin procesos jurídicos justos, a mujeres.

El escenario nacional se reproduce en el estado de Chiapas. Entidad donde las defensoras se encuentran en vulnerabilidad ante la creciente violencia generalizada. Indefensas ante el actuar de grupos armados en vínculo con poderes políticos locales. Enfrentan desplazamiento forzado, militarización, despojo, tortura, privaciones arbitrarias a la libertad, entre otras violaciones a derechos humanos. Las violencias físicas y emocionales son constantes desde los ámbitos institucionales pero también los comunitarios. Autoridades de diversos niveles incumplen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, que establecen los derechos de la mujeres a una vida libre de violencia.

En una histórica estrategia de guerra del Estado hacia los Pueblos, son especialmente las defensoras comunitarias quienes resisten el exterminio a sus culturas. Guardianas de la memoria y de la vida. La violencia patriarcal hacia ellas se encarna en distintos ámbitos y aspectos multiplicando la explotación, la discriminación así como la exclusión. En tiempos de pandemia por Covid 19, esta situación se incrementó durante marzo de 2020 a marzo de 2021. Durante este lapso no cesaron las actividades de despojo como la minería y el Tren Maya, las defensoras del territorio intensificaron sus resistencias en riesgo a su salud, con el incremento de la represión y el deterioro en las condiciones de sobrevivencia.

Las violencias que enfrentan las mujeres de Pueblos Originarios es el resultado de la omisión por parte de las autoridades ante situaciones graves de derechos humanos. Esta violencia daña y vulnera la vida de las mujeres ancianas, adultas, jóvenes y niñas. Por ejemplo en medio del desplazamiento forzado, miles viven en constante inseguridad, con el riesgo que sienten por sus menores hijas, hijos, la falta de alimentos y recursos económicos para adquirirles, con el miedo de no poder dormir, de estar pensando si vendrán a atacarlas y quemarles sus casas, si las armas matarán a más personas. Sus dolores y sus lágrimas de no saber qué pasará mañana. Si viven o mueren. Buscan una respuesta, necesitan una respuesta. Gritan y dicen: queremos paz, justicia, que se detengan a los responsables de la violencia. Y sin embargo, siguen en espera con la omisión de un Estado que no da respuesta.

En medio de un adverso contexto, en estas geografías las mujeres indígenas cada día luchan más y se reconocen como defensoras de derechos humanos, participan activamente y reiteran que estar calladas no es una opción. Nuestra sororidad con ellas y con quienes se organizan también en las ciudades: Nuestra sororidad con las familiares de víctimas de feminicidios y desaparición forzada, con las estudiantes en lucha contra el acoso sexual, con quienes defienden la Madre Tierra, con las defensoras que denuncian la Tortura y la Privación Arbitraria de la Libertad, con las redes en defensa del derecho a la salud, con las parteras, con las comunicadoras por la libertad de expresión y una larga resistencia que en México florece desde las mujeres.

Nosotras, las mujeres del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, estamos presentes en la defensa de los derechos humanos desde distintos ámbitos y enfrentamos la violencia de Estado. Reivindicamos nuestra dignidad al interior de nuestra organización y frente a otras instituciones.

Por ello, las defensoras Frayba este 8 de marzo, nos sumamos como observadoras de derechos humanos a las jornadas de lucha en las marchas de San Cristóbal y Tuxtla; y el 9 de marzo paramos por un día nuestra actividad. Nos vemos juntas, acompañadas. Visibles y enfrentando nuestra tarea también desde el autocuidado y el cuidado colectivo. Hacemos importante nuestra labor para una sociedad digna, justa, incluyente para nosotras. Es tiempo de reconstruir el tejido social en respeto de los derechos de las mujeres. Decimos estamos vivas por todas las que ya no pueden gritar y por las que vienen detrás.

Urgimos al Estado mexicano garantizar el respeto al derecho a la protesta, la libertad de expresión, de reunión y de tránsito para las mujeres que nos manifestamos este día, en defensa de nuestro derecho a la vida y la dignidad.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
8 de marzo de 2021
Pronunciamiento.

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