Desaparición forzada de personas migrantes en México: Entre la inoperancia y el encubrimiento


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de junio de 2016

A un mes y seis días de la desaparición forzada de Maximiliano Gordillo Martínez 1 , reiteramos a la comunidad nacional e internacional nuestra profunda indignación y urgencia para su regreso a casa, así como el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la noche del 7 de mayo de 2016. Hasta el momento se desconoce su paradero, aumentando el riesgo de su integridad y seguridad, lo que genera una constante angustia para su familia y amistades, agravando la violación a los derechos humanos.

A la fecha hemos acudido a las instancias competentes, exigiendo el cumplimiento de sus funciones, en la investigación pronta, completa e imparcial que este hecho amerita. Sin embargo, la respuesta institucional reafirma la impunidad estructural y la irregularidad en el actuar del Estado mexicano en materia de desaparición forzada, trato a personas migrantes y en general en garantizar los derechos humanos.

En particular se ha promovido una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual hemos aportado los elementos necesarios que señalan la participación de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y Policía Estatal de Tabasco en la desaparición forzada de Maximiliano. Hasta el día de hoy el actuar de la PGR ha sido insuficiente, ineficaz y tardío, ya que en vez de abocarse a una búsqueda exhaustiva de Maximiliano e investigación de los funcionarios responsables, ha sujetado su actuar a un excesivo burocratismo. El caso ha sido enviado de una dependencia a otra y se han abierto de manera descoordinada carpetas de investigación entre diferentes fiscalías y con la policía federal; incertidumbre que nos lleva a la inoperancia y el encubrimiento gubernamental.

Por su parte la investigación de la PGR y la respuesta del INM se ha acotado a negar que el nombre de Maximiliano Gordillo Martínez aparezca en sus registros nacional y regionales, como migrante asegurado o deportado en momento alguno. Además se nos ha negado el acceso a información complementaria que permita dilucidar lo acontecido aquella noche en la ruta en que transitaba, consistiendo en la identidad de los agentes que realizaban el operativo en el punto de revisión relatado, los acuerdos de colaboración entre el INM y la Policía estatal de Tabasco, vídeos de vigilancia en las distintas instalaciones del INM donde pudo estar Maximiliano, entre otras.

Denunciamos que este caso no se presenta de forma aislada, sino que es parte de una política migratoria represiva y discriminatoria, que alimenta a su vez la grave crisis sobre la situación de los derechos humanos en los últimos años en México, so pretexto de la aducida “seguridad nacional”.

Las organizaciones firmantes tanto en los estado de Chiapas como en Tabasco hemos documentado y denunciado pública y penalmente a las autoridades federales y estatales involucradas en los delitos de robo, secuestro, desaparición forzada, muerte por persecución de que son objeto las personas migrantes. En las oficinas de las Fiscalías especializadas, en las delegaciones de la PGR, en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos respectivas existen denuncias y quejas que dan cuenta de lo anterior.

Los familiares de Maximiliano Gordillo Martínez, así como las organizaciones que acompañamos el caso exigimos a las autoridades del Estado mexicano que se realicen todos los mecanismos de búsqueda para la localización y presentación del joven Maximiliano Gordillo Martínez.

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