Diez años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco


 

Palenque, Chiapas; 13 de noviembre de 2016. Quienes suscribimos manifestamos que a diez años de la Masacre de Viejo Velasco el Estado mexicano continúa sin esclarecer los hechos. Los responsables materiales e intelectuales continúan gozando de la impunidad, a la fecha no se conoce el paradero de dos de los cuatro desaparecidos el día de la Masacre. Ante ello, los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes se mantienen organizados en su lucha por verdad y justicia.

Hace diez años, el 13 de Noviembre del 2006, aproximadamente las 6:00 horas, un grupo de aproximadamente 40 personas civiles proveniente de las comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (miembros de la llamada “Comunidad Lacandona”), fuertemente armados y vestidos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad Viejo Velasco. Estas 40 personas civiles armadas estaban acompañados por 300 elementos de la Policía Sectorial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, en ese entonces, quienes portaban armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército, conocidas como “cuerno de chivo” y R-15; así también, eran acompañados por 5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con 7 elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.¹ Y -de acuerdo a testimonios de los desplazados- la coordinación operativa de esta brutal agresión corrió a cargo del Ing. Rafael Armando Arellanes (entonces Subsecretario de Acción Política del gobierno del estado de Chiapas) y del Prof. Gabriel Montoya Oceguera (quien fungía como delegado de Gobierno para la Selva Lacandona).

Todos estos agresores, de inmediato rodearon la comunidad, para posteriormente allanar las casas y cometer 4 ejecuciones extrajudiciales, 1 detención ilegal con actos de tortura, 4 desapariciones forzadas y el desalojo y desplazamiento forzoso de 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas, quienes huyeron a la montaña para sobrevivir al ataque.

Hoy recordamos a Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González (quien se encontraba embarazada) y Vicente Pérez Díaz, personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente el día de los hechos. Además en noviembre de 2011, fueron entregados a sus familiares, los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Por su parte, Petrona Núñez González, joven discapacitada al momento de la agresión, falleció en el 2010 a consecuencia del estrés postraumático debido a la detención ilegal, tortura física, psicológica y tortura sexual que sufrió el día de los hechos por parte de los agresores. Mariano Pérez Guzmán y Antonio Péñate López, ancianos de mas de 60 años, hasta el día de hoy siguen desaparecidos.

El objetivo de esta Masacre era sembrar el terror para que las familias habitantes de la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, abandonaran sus tierras, en el marco del conflicto agrario regional en la Selva Lacandona2 mismo que, por política de Estado y bajo el pretexto ecológico de “garantizar la conservación de la Reserva de Biosfera Montes Azules”, fue transformado en un intenso proceso de despojo territorial, bajo mecanismos de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de más de treinta poblados indígenas tseltales, tsotsiles choles y tojolabales, ubicados en la zona. A principios del 2006, la negociación con este pequeño poblado de Viejo Velasco se rompió, dada la negativa de sus habitantes a aceptar la reubicación forzosa y el 28 de Marzo de 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) anunció el finiquito de este injusto proceso agrario, beneficiando únicamente a los integrantes de la llamada “Comunidad Lacandona (comuneros Maya Caribes y subcomuneros tseltales de Nueva Palestina y choles de Frontera Corozal). El gobierno entonces, inició procesos de reubicación forzada y amenazas de desalojo violento en toda la Selva Lacandona. En la zona del Valle de Santo Domingo y la Cojolita, sus esfuerzos represivos se concentraron en cuatro poblados: Viejo Velasco, Flor de Cacao, Ojo de Agua Tsotsil y San Jacinto Lacanjá.

Los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco mantienen el sufrimiento como consecuencia del despojo y de la impunidad. Hasta hoy, el Estado mexicano no ha informado sobre los avances de la búsqueda de los desaparecidos. Desde el día de los hechos, las familias continúan viviendo un desplazamiento forzado, sin tierras ni casas y sin posibilidad de una vida digna, sufriendo una profunda ansiedad frente a la posibilidad de amenazas, hostigamiento y agresiones físicas si –como es su deseo- retornan a su comunidad.

Las actuaciones judiciales, lejos de centrarse en el juzgamiento efectivo de los verdaderos responsables materiales e intelectuales, se han encaminado a responsabilizar a los propios familiares sobrevivientes de las víctimas, como ejemplo de ello tenemos el encarcelamiento inmediato e injusto de Diego Arcos Meneses, promotor de salud y de derechos humanos de la vecina comunidad de Nuevo Tila y las actuales órdenes de aprehensión en contra de Alejandro Alvaro Alvaro, Domingo Alvaro López, Antonio Álvarez López, Juan Peñate Díaz y los hermanos Roberto y Petrona Núñez González, (la compañera discapacitada fallecida en 2010, ambos hijos-as del señor Pedro Núñez Pérez, ejecutado de manera extrajudicial).

La negligencia del Estado mexicano, demostrada fehacientemente en este caso, ha vulnerado el derecho a las garantías judiciales y protección judicial de las víctimas y sus familiares.

Dentro de las acciones de lucha por la verdad y la justicia, los familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes han acudido a otras instancias como el Tribunal Permanente de los Pueblos denunciando al Estado mexicano para que este grave crimen se castigue y que no se repita.

En agosto de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos corrió traslado de la información existente dentro del expediente P-1594-10, para que el Estado mexicano responda sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso.

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes en su momento de la red Misión Civil de Observación en Montes Azules, nos solidarizamos con la lucha por la verdad y justicia sobre esta brutal e impune masacre ocurrida hace diez años, y que se hace patente en la Peregrinación por la Verdad que los familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes realizan el día de hoy en la Ciudad de Palenque, Chiapas, para conmemorar una vez más los ejecutados, desparecidos, torturados-as y el desplazamiento forzado de los-as habitantes de la comunidad de Viejo Velasco, exigiendo justicia y la no repetición de este grave crimen.

En ese marco, exigimos:

  • Dar con el paradero de Mariano Pérez Guzmán y Juan Peñate López, adultos mayores desaparecidos de manera forzada el día de los hechos.
  • El esclarecimiento total de los hechos y el castigo, con todo el rigor de la ley, a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.
  • La cancelación de las órdenes de aprehensión vigentes, que existen en contra de los propios familiares sobrevivientes y miembros de la organización de las víctimas.
  • Retorno con garantías de seguridad para las familias desplazadas a la comunidad Viejo Velasco, en el marco de los principios rectores de los desplazamientos internos.

 

 

Organización Xinich: CDLI, TSOBLEJ YU’UN WOCOLTIC, UCISECH
Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. (MPS)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, (CDMCh)
Salud y Desarrollo Comunitario, AC (SADEC)
Casa de la Mujer Ixim Ansetic A.C.
Centro de Derechos Indígenas A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Misión de la Santísima Trinidad – Arena, Ocosingo, Chiapas
Fomento Cultural y Educativo A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT
(Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos
Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas,
A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del
Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro
“Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al
Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las
Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C
(Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal);
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de
Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de
Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.
(Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos
Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.);
Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos
Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.);
Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos
Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los
Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD)
(Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de
Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los
Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad
(Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro
Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C.
(Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA)
(Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los
Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los
Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura
y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de
Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
“Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos,
A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos,
A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”,
A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH)
(Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de
Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la
Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C.
(Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de
Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos
Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y
Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos
Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del
Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de
Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
(Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida,
Yucatán); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla
(Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo
Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas
por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA)
(Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa
Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo,
Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de
Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco,
A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca,
Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

 

1 Información del Estado mexicano de fecha 2 de abril de 2007, dentro de la Solicitud de Medidas Cautelares SI-319-06 ante la CIDH.
2 En 1972 el Presidente Echeverría otorgó a favor de 66 familias del grupo indígena “Lacandón” 614, 321 hectáreas de tierras localizadas en la Selva Lacandona del estado de Chiapas. El Decreto a favor de la Comunidad Zona Lacandona afectó a 47 distintos poblados indígenas tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales, que venían reclamando la propiedad de la tierra. A este decreto federal, se le suma el emitido en marzo de 1979, mediante el cual se establece sobre el mismo territorio, la Reserva de Biosfera Montes Azules, imponiendo estrictas normas conservacionistas que permiten acusar de depredadoras a las familias indígenas, desde entonces más de treinta poblados han venido sufriendo reubicaciones forzosas y desalojos violentos, que implicaron el despojo de sus tierras y bienes, la destrucción de sus casas y la perdida total de posibilidades de una vida digna e incluso, como en este caso de Viejo Velasco, la pérdida de su vida.

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