Entre la política sistémica y las alternativas de vida


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de marzo de 2013

Boletín de prensa No. 07

Entre la política sistémica y las alternativas de vida

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 2006-2012

Este Centro de Derechos Humanos presenta “Entre la política sistémica y las alternativas de vida, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos, federal y estatal 2006-2012”.

Desde las tareas cotidianas de documentación, durante el período, corroboramos que el sexenio pasado se caracterizó por dar continuidad y profundizar de manera sistemática, violaciones a los derechos humanos en contra de la población en el territorio nacional.

En primer término, se destaca: las violaciones a los derechos humanos hacia la población civil en general, con el argumento y en nombre de la seguridad, utilizando mecanismos de control territorial a través de la militarización del país; la tortura como método de investigación y destrucción de la persona; el aumento desbordado de las personas desaparecidas forzadamente; el incremento de los feminicidios y asesinatos que se suman a la larga lista de casos en impunidad.

En segundo término: las acciones represivas en contras de las comunidades y pueblos que resisten y reivindican derechos específicos, en particular las agresiones al territorio de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), como continuidad de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano.

De lo anterior, también podemos sostener que en el sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y el ejercicio y práctica de éstos, fue cada vez más amplia.

Así mismo en el informe presentamos que en la disputa por el territorio la legalidad del despojo territorial de los pueblos indígenas ha seguido su marcha, a través de proyectos neoliberales que contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la inversión de empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de gran riqueza natural.

La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se siguen realizando en un contexto de guerra: La criminalización de la protesta social y la persecución a los líderes sociales, por un lado; el acoso y persecución a las defensoras y defensores de los derechos humanos, por el otro. Esto nos habla de un Estado represor con métodos de control social al pueblo organizado.

El conflicto armado interno en Chiapas se caracterizó, en este sexenio por la continua y amplia presencia militar, sobre todo en las comunidades indígenas en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La estrategia contrainsurgente implementada va desde la confrontación directa hasta la implementación de proyectos sociales en conjunto con algunas agencias de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de desgaste; ha utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de un discurso de respeto a las comunidades autónomas y a las Juntas de Buen Gobierno; discursos falsos y vacíos de contenido, ya que en el fondo está la intención de acallar y controlar, apropiarse de sus argumentos y recursos, dividiendo y provocando enfrentamientos en las comunidades.

Estos énfasis de violaciones a los derechos humanos que hacemos patente continúan con el gobierno en el poder del Partido Revolucionario Institucional, que por antonomasia se ha caracterizado por ser represivo, demagógico y controlador de la vida de los ciudadanos, copta a medios masivos y a cualquier otro grupo que quiera hacer sombra al sistema de gobierno.

Ante estos tiempos adversos las comunidades, los pueblos, las y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, encuentran nuevas fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la exigencia de justicia.

Como respuesta a este contexto de impunidad las personas se organizan desde la memoria y en construcción de alternativas que reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y ejercicio efectivo de sus derechos como pueblos.

Las comunidades y pueblos en resistencia, continúan en la defensa de sus territorios, su marco de derechos son los Acuerdos de San Andrés y demás leyes y costumbres emanadas desde la autonomía, los cuales se han ampliado en la construcción de su Gobierno alternativo y ejemplar. un buen gobierno: justicia, salud y educación acorde con sus necesidades, una producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia directa y radical.

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