En impunidad el desplazamiento forzado de familias de Banavil


 

Estado mexicano mantiene en impunidad el desplazamiento forzado de tseltales de Banavil y la desaparición de Alonso López Luna

  • 5 años en condiciones de vulneración, de violaciones graves a los derechos humanos

A cinco años de la desaparición forzada del señor Alonso López Luna, el gobierno mexicano no ha hecho una búsqueda para hallar su paradero. Y los mecanismos de investigación judicial son obsoletos e ineficaces, en cuanto al desplazamiento forzado de 13 personas, (actualmente 21, la mayoría mujeres y niñas, niños), indígenas del pueblo tseltal, originarias de Banavil, Tenejapa Chiapas.

El Estado mexicano incumple promover y proteger los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos Forzados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)¹. Esos derechos incluyen: prevención del desplazamiento forzado; asegurar que durante su condición de desplazamiento se garanticen derechos básicos de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros, necesarios en la asistencia humanitaria; garantizar las condiciones de retorno con seguridad y reintegración en su comunidad; además de la procuración de justicia.

En información dirigida a la entonces Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas Internamente Desplazadas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba) documentó en abril de 2012, que la familia de Alonso López Girón, tuvo que salir de sus casas por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la misma comunidad de Banavil, el 4 de diciembre de 2011. Testigos refieren que cerca de 50 personas, con palos y armas de fuego rodearon el lugar y sacaron a golpes a Alonso López Luna, de quien se desconoce su paradero. Ese mismo día Lorenzo López Girón, recibió un primer disparo del lado derecho del pecho y luego otro proyectil a la altura de la ingle por lo cual fue trasladado al hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde fue detenido por policías estatales, con la acusación de lesiones calificadas.

Ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobreviven en condiciones inhumanas y precarias, sin posibilidades de rehacer su proyecto de vida ni los medios necesarios para el sustento diario. Especialmente preocupante es la situación de las mujeres, niñas y niños, quienes carecen de alimentación adecuada y servicios de salud, así como de educación. El 21 de febrero de 2013, a consecuencia de padecer vulnerabilidad en desplazamiento forzado, la niña Antonia López Girón murió a la edad de 11 años.

El Frayba ha realizado constantes intervenciones públicas y privadas ante distintas instancias de los gobiernos de Chiapas² y Federal³ para exigir se atiendan las demandas de las familias desplazadas forzadas de la comunidad de Banavil. En reunión con autoridades federales el 07 de marzo de 2016, solicitó se designé una comisión de especialistas por parte de las instituciones del Estado, para una búsqueda e investigación minuciosa y urgente en los alrededores del lugar de la agresión, donde se presume que pueda estar el señor Alonso López Luna; accionar mecanismos interinstitucionales en los tres niveles de gobierno, para generar las condiciones del retorno definitivo con seguridad; así como cumplir con la reparación integral de daños a las víctimas del desplazamiento forzado de Banavil.

Sin embargo, a la fecha no han dado seguimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos del estado de Chiapas y federal, al contrario han actuado de manera ineficiente, con nulos resultados en la investigación de los hechos del día 4 de diciembre de 2011 y sin justicia en las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante los cinco años del desplazamiento forzado. Lo anterior trae como consecuencia la impunidad que ubica en riesgo a la vida, integridad y seguridad personal a las personas desplazadas a quienes no se les ha garantizado sus derechos humanos y por consiguiente el acceso a la justicia.

Este Centro de Derechos Humanos exige de manera urgente al Estado mexicano:

  • Realice las investigaciones serias, prontas y expeditas para dar con el paradero de Alonso López Luna, con la colaboración de peritos de la Procuraduría General de Justicia.
  • Genere condiciones para el retorno con seguridad de las actualmente 21 personas desplazadas forzadamente, así como garantizar las tierras y sus derechos colectivos como integrantes del pueblo indígena tseltal.
  • Garantice los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las y los integrantes de las familias desplazadas forzadas de Banavil.
  • Cumpla con la reparación integral de daños de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y por los robos y daños de sus casas, con base a la denuncia penal ante la Fiscalía Indígena de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas.
  • Proteja los derechos humanos e indígenas de las personas desplazadas, especialmente de niñas, niños y mujeres, debido a las condiciones de vulnerabilidad.
  • Implemente medidas de no repetición de los hechos.

Frayba reitera que en Chiapas, el desplazamiento forzado se ha dado en un contexto de guerra para eliminar los procesos organizativo de los pueblos en sus experiencias de organización autónoma y ejercicio de derechos como pueblos originarios en el marco de Conflicto Armado Interno y en la implementación de acciones de contrainsurgencia.

A las ya históricas cifras del desplazamiento forzado de comunidades que desde 1994-2000 no pudieron regresar a sus territorios por las amenazas de grupos paramilitares; se suman centenas de desplazados y desplazadas en un nuevo contexto de guerra, de la violencia de poderes fácticos que en la convivencia de gobiernos, empresas y delincuencia organizada están destruyendo la vida de los pueblos y comunitaria en general, rompiendo el tejido social, teniendo como finalidad el control y despojo territorial así como la eliminación de la organización autónoma de los pueblos originarios. Esta acción del Estado mexicano como uno de los perpetradores que impulsa y fomenta el despojo al territorio para intereses transnacionales y confronta los derechos fundamentales de los pueblos originarios y de la sociedad civil en general.

El próximo 5 de diciembre, en Panamá, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizará la audiencia sobre la Situación de Derechos Humanos de Personas Afectadas por el Desplazamiento Forzado Interno en México, espacio donde diversas organizaciones de derechos humanos nacionales denunciaremos las graves violaciones ocasionadas por los desplazamiento forzado, derivado de la violencia generalizada que por décadas se vive en México. Situación que el gobierno mexicano niega e invisibiliza.

 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

1 de Diciembre de 2016

Boletín de prensa No. 25

 

1 Principios Rectores de los desplazamientos internos. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmhb.htm
2 El gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, la Subsecretaría de Gobierno de la Región V. Altos Tsotsil-Tseltal, la Dirección de Vinculación con Derechos Humanos, Trata de Personas y Discriminación, la Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales, la Subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Chiapas.
3 El Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Subdirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

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