Internacional


 

El Equipo Internacional es el responsable de conducir tareas de litigio estratégico de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y órganos de la Organización de las Naciones Unidas; realiza incidencia política a nivel nacional e internacional y coordina el proyecto de memoria histórica en el marco de fortalecimiento a procesos sociales de defensa. Mantiene coordinación con los equipos regionales para la defensa integral y colaboración en contenido de materiales públicos para la incidencia pública.

 

Casos ante la CIDH

 

Desde el equipo de Incidencia Internacional tenemos una acción constante en el uso de los mecanismos del Sistema Interamericano porque consideramos que la intervención de sus órganos es de fundamental importancia para prevenir, proteger y resarcir violaciones sistemáticas en el estado de Chiapas y así generar condiciones de vigencia de los derechos humanos para todas las personas.

 

Caso 11.564 Gilberto Jiménez Hernández y otros (La Grandeza)

 

Gilberto Jiménez Hernández, indígena tseltal fue ejecutado de manera extrajudicial el 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza municipio de Altamirano, por el saldado Abner García Torres integrante de la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería comisionados en la fuerza de tarea “ARCOISIS” en el Agrupamiento “YABUR” dependiente de la Séptima Región Militar. La ejecución se llevó a cabo cuando Gilberto se desplazaba de manera forzada junto con otros habitantes del ejido debido a la incursión militar.

Los hechos fueron investigados en la Jurisdicción Militar y finalmente turnado a la Procuraduría General de la República (PGR) quien perdió el expediente. El 9 de enero de 1996, la CIDH recibió la denuncia en contra del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso. El 17 de octubre de 2005, la CIDH concedió una audiencia publica de argumentos sobre el Fondo. El 28 de octubre de 2015, la CIDH aprobó su Informe de Admisibilidad y Fondo el cual se encuentra en la etapa de publicación.

 

Caso 12.901 Rogelio Jiménez López y otros (Zona Norte)

 

Entre los años de 1995 a 1999, en los municipios de Yajalón, Tumbalá, Tila, Sabanilla y Salto de Agua se registraron 122 casos: 37 desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales, además aproximadamente 4,500 personas se desplazaron de manera forzada, todos estos actos fueron cometidos por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia que actuaba con la aquiescencia y tolerancia del Estado mexicano.

El 25 de octubre de 2004, familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de ocho casos ejemplificativos: seis ejecuciones extrajudiciales y dos desapariciones forzadas presentaron a la CIDH una demanda en contra del Estado mexicano por diversas violaciones. El 20 de marzo de 2013, la CIDH aprobó su informe sobre admisibilidad y el caso se encuentra en la etapa de Fondo.

 

Caso 12.322 Antonio González Méndez

El 18 de enero de 1999, en la cabecera municipal de Sabanilla, Antonio González Méndez fue desaparecido por integrantes del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia.

Hasta el momento se desconoce las circunstancias específicas de cómo se produjo la desaparición de Antonio González. El 10 de agosto de 2000, los familiares acudieron a la CIDH demandando al Estado mexicano por diversas violaciones a derechos humanos. El 15 de octubre de 2007, la CIDH admitió el caso y publicó su informe. El caso se encuentra en la etapa de Fondo.

 

Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y otros (Masacre de Acteal)

 

El 22 de diciembre de 1997, en el campamento de desplazados de “Los Naranjos”, ubicado en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó,un grupo de aproximadamente 300 personas provenientes de diferentes comunidades, se encontraban reunidas realizando una jornada de tres días de oración y ayuno por la paz en el municipio. Ese día aproximadamente las 11:00 horas un grupo de paramilitares priístas del municipio, armados con machetes, cuchillos y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, rodearon el lugar y dispararon en contra la gente que ahí se encontraba. El resultado de esta agresión, fue el asesinato de 45 indígenas tsotsiles (19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños, 4 más que aún no nacían) y 26 personas heridas, en su mayoría menores de edad.

Las violaciones a derechos humanos cometidos en el presente caso han quedado en la impunidad. El 2 de marzo de 2005, familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes demandaron ante la CIDH al Estado mexicano. El 1º de noviembre de 2010, la CIDH publicó su informe de admisibilidad y el caso se encuentra en la etapa de estudio de Fondo. El 20 de octubre de 2015, la CIDH concedió una audiencia publica de caso para argumentos sobre el fondo y la presentación de un peritaje psicosocial.

 

Caso 12.915 Ángel Díaz Cruz y Otros (El Aguaje)

El 17 de septiembre del 2000, en la comunidad de El Aguaje municipio de San Cristóbal de Las Casas, colindante con el campo de prácticas de tiro del campamento militar Rancho Nuevo XII Región Militar, explotó una granada de fusil antipersonal propiedad del Ejército mexicano. Los niños Ricardo López Hernández, Ángel Díaz Cruz y el joven José Leonardo López Hernández resultaron con graves lesiones.

Los hechos fueron investigados desde la jurisdicción militar en donde los familiares y sus representantes nunca tuvieron acceso al expediente. El 16 de noviembre de 2006, las víctimas y sus familiares acudieron a la CIDH demandando al Estado mexicano y el 12 de julio de 2013, la CIDH admitió el caso y publicó su informe. El 28 de enero de 2016, los familiares y el Estado mexicano firmaron un Acuerdo de Solución Amistosa el cual se encuentra en la etapa de cumplimiento.

 

Petición P-1594-10 Pedro Núñez y Otros (Masacre de Viejo Velasco)

 

El 13 de Noviembre del 2006, aproximadamente las 6:00 horas, un grupo de 40 personas civiles proveniente de las comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (miembros de la llamada “Comunidad Lacandona”), fuertemente armados y vestidos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad Viejo Velasco. Los civiles armados eran acompañados por 300 elementos de la Policía Sectorial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, en ese entonces, quienes portaban armas de alto poder y de uso exclusivo del Ejército, conocidas como “cuerno de chivo” y R-15; así también, eran acompañados por 5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con 7 elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.

En este operativo, cuatro indígenas fueron ejecutados y cuatro más desaparecidos. Aproximadamente 35 personas se desplazaron de manera forzada y en la actualidad no han podido regresar a su comunidad. En noviembre de 2006, la CIDH recibió solicitud de Medidas cautelares en el presente caso. El 5 de octubre de 2010, la CIDH resolvió cerrar el trámite de la solicitud de medida cautelar y abrir demanda en contra del Estado mexicano. El caso se encuentra en la etapa de admisibilidad.

 

Petición 318-05, Gerónimo Gómez López

El 20 de diciembre de 2000 Gerónimo Gómez López, indígena tsotsil, fue detenido ilegalmente y torturado por agentes policiales del Municipio de Simojovel, durante tres días. En la cárcel municipal en la que estuvo confinado, se le impidió comunicarse con sus familiares y no fue llevado ante autoridad judicial competente durante el tiempo de su detención.

Gerónimo fue desaparecido mientras se encontraba bajo custodia de agentes estatales, en circunstancias no esclarecidas a la fecha. Los hechos no fueron investigados ni sancionados por el Estado

Se interpuso una demanda de amparo por la desaparición de Gerónimo ante el Juez Quinto de Distrito del Estado de Chiapas. En el ordenamiento interno mexicano éste resulta el recurso frente a una desaparición forzada, en tanto la Ley de Amparo dispone que procede ante actos que importen la afectación a la libertad personal, la procedencia de la demanda está condicionada a su ratificación por parte de la persona afectada, lo cual es imposible en el caso de una desaparición forzada. El 24 de septiembre de 2004, el Juez habría dictó la resolución dando por no presentada la demanda, agotándose el recurso interno.

A la fecha se desconoce el paradero de Gerónimo Gómez. El 23 de octubre de 2010, los familiares y el Estado mexicano firmaron un Acuerdo de Solución Amistosa el cual se encuentra en la etapa de cumplimiento.

 

MC 52-10 Riesgo a Defensores del Equipo Frayba

En el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos en Chiapas, el equipo del Frayba ha sido objeto de permanentes actos de hostigamiento, difamación, amenazas de muerte, vigilancia, obstrucción a la defensa de los derechos humanos, ataques a la integridad, allanamiento, intimidación, intervención de comunicaciones y demandas ante distintas instancias. Ante ello, contamos con medidas cautelares vigentes otorgadas por la CIDH en donde se informa oportunamente los ataques.

 

MC 506-14 Marcelo Pérez Pérez y otros

El padre Marcelo Pérez, párroco de San Antonio de Padua e integrantes del Consejo Parroquial han venido enfrentando una serie de presuntos hechos de violencia y amenazas en su contra par sus actividades como defensores de derechos humanos y por haber realizado diversas denuncias públicas sobre actividades del crimen organizado que habrían afectado intereses políticos y económicos de grupos de poder a nivel municipal y estatal.

Ademas de su labor como defensores de derechos humanos, han realizado una serie de denuncias a través de marchas, peregrinaciones, discursos y manifestaciones sobre la existencia de narcotráfico de armas y trata de personas. De acuerdo a los solicitantes, sus denuncias habrían afectado seriamente los intereses económicos y políticos de las autoridades municipales, estatales, pequeños empresarios y de Ia delincuencia organizada en Simojovel, Chiapas. A raíz de estas denuncias, en los últimos años los defensores han sido objeto de presuntos actos de violencia y amenazas que ponen en riesgos la vida e integridad personal.