La Fiscalía General del Estado de Chiapas se mantiene en la Tortura


  • Fiscalía de Alto Impacto fabrica culpables

El 29 de octubre de 2019, Julia Hernández Hernández de 44 años de edad (Julia) y Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) de 37 años de edad quienes llevan viviendo 7 años en unión libre fueron privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad en la colonia Las Granjas de la Cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quienes sometieron tortura a Julia y Carlos Antonio para autoinculpase por un delito. Carlos Antonio mantiene graves secuelas a consecuencia de la tortura que pone en riesgo su vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que ese día aproximadamente las 18:00 horas, 40 policías vestidos de civil, armados y encapuchados, allanaron la casa del familiar en la que se encontraba Julia y Carlos Antonio quien desde el primer momento fue torturado. En la fiscalía, lo llevaron a un sótano, le pusieron sobre un colchón y lo golpearon como una hora “…me pusieron una bolsa en la cabeza, me echaban agua, toques eléctricos y había una persona parada sobre mi estomago…” Carlos Antonio fue obligado a firmar un documento que desconocía el contenido, después de ser colgado de las manos mientras le daban descargas eléctricas.

Julia fue trasladada en otro vehículo, mientras les estuvieron dando vueltas por la ciudad y al llegar a la fiscalía aproximadamente las 20:00 horas, la sentaron en una silla, le dijeron que hablara “les dije que no sabía de qué me estaban hablando… comenzaron a vendarme los ojos y la boca, me envolvieron y me comenzaron a golpear, me preguntaban en dónde estaba las armas y la droga y como no les decía nada seguían golpeándome en la espalda y la cintura, me decían que si no hablada me echarían agua. Había una mujer güera policía entre los hombres, me decía que si no hablaba empezarían con mi esposo y como no dije nada es que comenzaron a torturar a mi esposo. Sólo escuchaba que se quejaba.” Julia fue puesta en libertad el día 31 de octubre de 2019, aproximadamente las 2:00 horas, 32 horas después de su detención, amenazándola con volver a detenerla si presentaba alguna denuncia.

El 30 de octubre de 2019, aproximadamente las 4:00 horas, Carlos Antonio fue trasladado al Hospital «Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza» de Tuxtla Gutiérrez, en donde lo intervinieron quirúrgicamente realizándole una laparotomía exploradora debido al traumatismo cerrado de abdomen a consecuencia de la tortura. Después de dos días de hospitalización, Carlos Antonio fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, en el municipio de Cintalapa, donde se pretendió el no ingreso debido al estado grave de su salud, hasta el momento no cuenta con el seguimiento médico adecuado frente a su situación y su salud esta en riesgo.

El Juez de Control mediante exámenes médicos constató las lesiones que presentaba, por lo que ordenó a la Fiscalía de Distrito Centro de Chiapa de Corzo investigar la Tortura y a pesar de eso lo vinculó a proceso. La investigación por Tortura no tiene ningún avance hasta el día de hoy. Julia denunció públicamente los hechos, por lo que en diferentes ocasiones ha recibido amenazas y hostigamiento por policías de la Fiscalía de Alto Impacto.

Carlos Antonio ha permanecido un año y tres meses en prisión preventiva,1 es acusado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa hechos que se darían en un asalto cometido el día 23 de octubre de 2019, en el municipio de Ixtapa, Chiapas, cuando fueron asaltados pagadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) custodiados por policías. Desde marzo de 2020, se espera la audiencia intermedia. Para el Poder Judicial del Estado de Chiapas, los casos donde existen violaciones graves a derechos humanos no tienen el carácter de urgente o prioritario2 y los Jueces no garantizan el debido proceso y el derecho a un juicio justo excluyendo pruebas obtenidas por medio de Tortura a pesar de que desde junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.

Julia y Carlos Antonio, representan el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas frente a la ineficacia de la Fiscalía para investigar de manera sería y diligente las denuncias de hechos de Tortura. Debido a las omisiones y la impunidad que prevalece el presente caso, el día 9 de febrero de 2021, el Frayba solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República valorar la atracción del caso para la investigación de la Tortura.

El Frayba exige al Estado mexicano cumplir con su obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, integridad y seguridad personal de Julia Hernández Hernández y Carlos Antonio López Robles víctimas de Tortura; garantizar el acceso a la justicia sin ninguna discriminación e investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer el delito de tortura para que estos hechos no se sigan cometiendo en nuestro país.

1 El plazo máximo para que una persona sea juzgada es de un año, artículo 20 Inciso B Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Acuerdo General No. 03/2020 ante la contingencia de salud. Disponible en: https://bit.ly/3bunI3f


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
9 de marzo de 2021

Boletín No. 2

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