La militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado


 

  • A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

 

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

 

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

 

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

 

La violencia escala en la región Altos de Chiapas porque los grupos civiles armados tienen omisión e incluso protección por parte de instancias policiacas y militares encargadas de brindar seguridad a la población. Opciones militarizadas no sólo no resuelven los conflictos sino los intensifican, ejemplo de ello son las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) situadas en la región.

 

La BOM en la cabecera de Chalchihuitán en diciembre de 2017, no detuvo el asedio de grupos armados y tampoco garantizó ayuda humanitaria integral a las 5,266 personas víctimas de desplazamiento forzado de 9 comunidades de Chalchihuitán y una de Chenalhó.

 

Las medidas de contención de la violencia implementadas por el Estado mexicano, en el caso de Aldama también son ineficaces: el 01 de mayo de 2018 se instaló una BOM en Saclum pero persistieron las agresiones con armas de fuego. 17 de las 22 personas asesinadas de Santa Martha y 2 de las 5 personas asesinadas de Aldama fueron en ataques posteriores a la instalación de elementos policiacos y militares en la zona.(4) Lo anterior, con la omisión de militares de la VII Región Militar al mando del Comandante Carlos Ramón Carrillo del Villar y elementos de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana..

 

El 23 de enero de 2019 se instaló una BOM, en la comunidad de Coco’, en el municipio de Aldama. Elementos de la VII Región Militar, son responsables de garantizar la seguridad a la población de Aldama y Santa Martha. Esta medida «disuasiva» también fracasó. Las fotografías de militares en el paisaje campesino denota una zona de guerra en un país que se dice “democrático.”

 

La aceptación de la presencia militar por representantes comunitarios, se explica desde la coacción y manipulación de los programas sociales y desde el hostigamiento a quienes manifiestan oposición. La estrategia mediática pro militares realizando tareas de “asistencia” y “pacificación” no coincide con los objetivos reales de control de territorios y vigilancia a quienes defienden sus derechos humanos. La vida cotidiana en las comunidades se daña con la presencia de más armas como supuestas opciones de solución a los conflictos. Las imágenes de niños jugando con fusiles de madera es una dimensión en la ruptura de los tejidos sociales. La integridad personal y la seguridad de las mujeres, es otra expresión de los riesgos de la militarización.

 

La población más vulnerable en medio de la crisis humanitaria por conflictos administrados por el Estado mexicano, son las mujeres con sus hijos e hijas: en desplazamiento forzado, sin atención médica, sin acceso a la escuela, sin alimentación adecuada, bajo la amenaza de disparos cuando transitan por los senderos o incluso en su casa. El 16 de enero de 2019, Apolonia Santíz López, fue herida cuando se encontraba en su patio, en Cotsilnam, hasta el momento la bala permanece en su pómulo por no tener acceso a una adecuada atención en salud. Rosa Hernández de 65 años de edad, recibió una herida de bala, el 23 de febrero de 2019, mientras se encontraba cortando leña en Tabak (5); y el 24 de marzo de 2019 un niño de 3 años resultó herido durante un ataque armado también en Tabak «uno de los disparos atravesó la tabla de una casa donde se encontraba el niño Armando Santos»(6).

 

Los ataques sistemáticos a 9 comunidades de Chalchihuitán, desde octubre de 2017; y a 13 comunidades de Aldama desde marzo de 2016, develan capacidad en el uso de armas de alto poder activadas a larga distancia, de manera intermitentes con extensas duraciones. Un testimonio refiere que el 22 de enero de 2019, las ráfagas en contra de la comunidad de Cotzilnam iniciaron cerca de las 4 de la madrugada y terminaron hasta las 8 de la noche. Durante un recorrido de observación, el 26 de enero de 2019, este Centro de Derechos Humanos constató impactos de bala en las paredes del jardín de niños y en la escuela primaria en la comunidad de Tabak, además de viviendas con similares indicios de ráfagas de balas en la comunidad de Coco’. Las tres poblaciones ubicadas en las colindancias con Santa Martha, Chenalhó.

 

La población de comunidades que han sido desplazadas en Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, se encuentra en terror constante ante el miedo del accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó.

 

A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados en comunidades de Aldama y Chalchihuitán7 por lo cual urgimos al Estado mexicano:

 

  1. Se investigue a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó a fin de lograr su identificación, desarme y desarticulación.

 

Consideramos que dicha investigación no puede ser suficiente mediante el levantamiento de investigaciones aisladas (Por ejemplo: homicidio, portación de armas de uso exclusivo del ejército, ataques a las vías de comunicación, etc.), sino que debe de existir un plan estratégico que lleve al menos a la identificación de los siguientes puntos: 1) Conformación y estructura del o los grupos armados; 2) Su financiamiento; 3) Relación o interés que tienen en los conflictos de índole territorial: 4) Relación que pudieran tener con autoridades municipales, estatales y federales; 5) Origen de las armas utilizadas; 6) Fuente del adiestramiento en el uso de las armas y para realizar operaciones armadas coordinadas. Investigación que debe de ser llevada a cabo por autoridad con capacidades técnicas suficientes.

 

2.-Se investigue la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región.

 

3.-Se garantice la integridad y seguridad personal y la vida de la población en la región, con especial atención a las víctimas del desplazamiento forzado, de acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

 

4.- Cese de la militarización de territorios en Chiapas, especialmente las regiones con población víctimas de desplazamiento forzado en Los Altos.

 

5.- Alto a la criminalización, hostigamientos y judicialización a representantes de familias desplazadas de Chalchihuitán y Aldama.

1. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C . Epílogo al Informe: Frente a la violencia, la espiral de luchas y resistencias. Leído durante la presentación del Informe, el 19 de marzo de 2019, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.


2. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Los grupos paramilitares en Chiapas y http://www.acteal.org/micrositio/


3. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Informe Desplazados por el Conflicto Armado Interno en Chiapas. 12 de junio de 2003. D


4.- Informe. 31 de enero de 2019. Junta de Buen Gobierno Zapatista responsabiliza al gobierno del conflicto entre Aldama y Chenalhó,


5.- Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Continúa riesgo a la vida por ataques armados a comunidades en Aldama, Chiapas. 14 de marzo de 2019.


6.- Nuevo ataque armado a tostsiles de Aldama, deja un niño de 3 años herido. 24 de marzo de 2019.


7.-Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Continúa riesgo a la vida por ataques de grupos armados en Aldama, Chiapas. 14 de marzo de 2019.

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
25 de marzo de 2019
Boletín No. 05

 

La militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado


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