La represión del Estado mexicano criminaliza la protesta social en Chiapas


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

A 16 de abril 2016

Boletín de prensa No. 10

  • Incomunicación, Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes hacia al menos 24 personas detenidas

  • 18 docentes de la CNTE trasladadas injustificadamente al Penal de Máxima Seguridad en Tepic, Nayarit

  • Niñas, niños, mujeres y personas mayores afectadas por gases lacrimógenos ante el uso desproporcionado de la fuerza policiaca

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó violaciones a derechos humanos consistentes en: Uso Desproporcionado de la Fuerza Pública, Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social. Hechos cometidos en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los operativos de desalojo a las manifestaciones convocadas por la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado de Chiapas (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Acciones perpetradas por elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía estatal quienes utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se manifestaban en la jornada del 15 de abril de 2016, de 10:00 a 14:00 horas aproximadamente. Además lesionaron físicamente a la población que pasaba o estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y personas mayores de edad.

Testimonios refieren que en San Cristóbal de Las Casas, las agresiones policiacas incluyeron allanamiento a casas particulares y negocios, uso de gases lacrimógenos dañando a familiares de enfermos que se encontraban en el Hospital de las Culturas, personas golpeadas incluso que no tenía nada que ver con las manifestaciones, vigilancia por parte de militares vestidos de civil e infiltración de grupos de choque para justificar la represión y generar confrontación. Asimismo sobrevolaron dos helicópteros de la policía federal, sin matrícula, desde los cuales tiraban gases lacrimógenos, y un helicóptero de protección civil.

En Tuxtla Gutiérrez se implementó un cerco policiaco que inició en el punto de manifestación en La Pochota y fue replegando al magisterio hacia el centro, en zonas donde los ataques con gas lacrimógeno, balas de goma y piedras afectaron a población en general. También sobrevolaron helicópteros lanzando gases lacrimógenos. Hubo un número indeterminado de personas heridas y con crisis nerviosas.

En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas los elementos policiacos detuvieron de manera arbitraria y con tratos crueles inhumanos y/o degradantes, sin respeto a las garantías personales ni mediar protocolos que salvaguarden la seguridad e integridad, al menos a 8 profesoras, 10 profesores y tres personas que pasaban por el lugar: un repartidor de agua, un técnico en electricidad y un instructor de gimnasio, además de un estudiante que se encontraba en un taller mecánico y dos personas más no identificadas. Estas detenciones se realizaron entre las 10:00 horas y 12:00 horas en distintos lugares y las personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en el Libramiento Sur número 2069, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Según testimonios mencionan que supieron de la detención de su familiar a través de redes sociales, pero no fue sino hasta las 23:00 horas que recibieron llamadas de las personas detenidas, por lo que estuvieron más de 12 horas en incomunicación y se les permitió ver sólo por un lapso de 5 minutos cada quién e iban entrando de tres en tres, siendo la última visita que pudo tener contacto con su familiar a las 5:00 horas del día 16 de abril. La mayoría decía desconocer a detalle la situación jurídica de las personas detenidas.

En la mañana del día 16 de abril, las 18 personas del magisterio fueron trasladas en un avión Boing 727 Mat XC_MPF de la Policía Federal al penal de Máxima Seguridad de Tepic, Nayarit. Las y los docentes son acusados de ataques a las vías generales de comunicación, daños, terrorismo y lesiones, delitos tipificados para inhibir la protesta social, criminalizar y judicializar la libre manifestación.

Lo anterior violenta los derechos a la Manifestación, Asociación y Reunión, Pensamiento y Expresión, así también se vulnera el derecho a la Integridad y Seguridad Personal y Libertad Personal y en relación a los anteriores el derecho al Debido Proceso Legal.

Los hechos referidos generan un patrón de la represión y criminalización de la protesta en Chiapas y el país, lo cual pone en riesgo a la población en general agredida de manera indiscriminada, siendo que a mujeres, niños y niñas se les violentan derechos específicos.

Responsabilizamos al Secretario de Gobierno Juan Gómez Aranda quien había publicado su compromiso de “privilegiar el diálogo y el cumplimiento irrestricto del marco jurídico como única vía para encontrar soluciones a los problemas de los chiapanecos”; a Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad y a Jorge Llaven Abarca, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a quienes Frayba había informado de la grave situación urgiendo a evitar eventos y/o daños que resulten de imposible reparación. Así mismo a Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, quienes son causantes de la política represiva del actual régimen autoritario.

Este Centro de Derechos Humanos exhorta al Estado mexicano para que: asuma la obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos; cese la represión y criminalización de la protesta social; garantice la vida, la integridad y seguridad personal de quienes ejercen su derecho legítimo a la libre manifestación; atienda de manera inmediata, eficaz, pronta, seria, exhaustiva e imparcial estos hechos sancionando a los responsables de las violaciones a derechos humanos descritas; y que libere de manera inmediata a las personas arbitrariamente detenidas e injustificadamente trasladadas acusadas de delitos fabricados como justificación de las acciones represivas.

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