“Nos están matando en medio de la permisibilidad”: un acercamiento a la violencia hacia las mujeres 1


 

La violencia contra las mujeres en México es una práctica cotidiana y socialmente permitida, no está sustentada en hechos aislados, es un común denominador que es mantenido por el sistema patriarcal que vivimos cotidianamente en el país. La Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2016, señaló que este tipo de violencia generalmente es ejercida por la pareja y está altamente vinculada con los abusos sexuales, lo que lo constituye un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico… inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Chistean Smog, del Fondo para la Infancia (Unicef), alertó de la violencia sexual contra las adolescentes en este país: más de 23 mil en edades de 12 a 17 años sufrieron una agresión de ese tipo en 2014. Cuatro de cada 10 les pasó en el hogar, la escuela o el trabajo.

Esta problemática es tan visible, que incluso el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía admitió en noviembre del 2015 que “Se trata de un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, pues 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más… han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo”.

A pesar de que la realidad generalmente rebasa las estadísticas, y más las oficiales, los promedios que presenta esta instancia oficial son aterradores. El 32% de las mujeres en el país han padecido violencia sexual, incluidos los actos de intimidación, acoso o abuso sexual; se estima que durante 2013 y 2015, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

 

Una mirada a Chiapas

El número de mujeres asesinadas y violentadas por su condición de género ha ido en aumento en el estado. En el periodo que abarca el año del 2013 al 2016, en Tuxtla Gutiérrez se registraron 19 casos, Tapachula 10, Palenque y Comitán 5; y números iguales para Chiapa de Corzo, Cacahotán, Chilón, Suchiate y Ocosingo con cuatro feminicidios.

Rocío García del Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas A.C. (COLEM), señala que la problemática ha ido en aumento, pues en el año 2016 hubo 138 mujeres por muerte violenta, del cual, el 65% han sido catalogados como feminicidios, estamos hablando de que hay registrados 89 casos en el año de 2016. Esto le vale a Chiapas estar dentro de los primeros 7 estados con mayores índices de asesinatos a mujeres por razón de género, a pesar del mal manejo en las investigaciones y del maquillaje que autoridades gubernamentales quieren poner a esta problemática, para justificar el asesinato de mujeres por otros motivos y no por el tema fundamental.

En el estado de Chiapas, de manera paralela a las tendencias nacionales, las mujeres que son asesinadas son jóvenes con un promedio de edad que va de los 15 a los 30 años, la mayoría son amas de casa y empleadas. Los agresores son también hombres jóvenes entre 25 y 35 años de edad.

Un 85% de las mujeres asesinadas han sido por su pareja o por personas cercanas; el 15% restante está vinculado a “desconocidos”. El COLEM ha hecho el análisis y llegado a la conclusión de que muchos de estos están enlazados con el crimen organizado y trata de personas; sin embargo, lamenta la ausencia de elementos y cifras oficiales que arrojen una certeza, no obstante, esta vinculación por la pertenencia de Chiapas a uno de los corredores migrantes más importantes del país las hace argumentar en otro camino:

 

“Nosotras creemos que tiene que ver con la delincuencia organizada y la trata porque somos un corredor, tenemos el tema de la población migrante de mujeres y que también muchos de los feminicidios se dan en estas zonas del estado que <<casualmente>> es la zona donde transitan las mujeres migrantes”

Para finales del año 2011 se tipificó el delito de feminicidio en el estado de Chiapas. Cinco años más tarde, el 18 de noviembre del 2016, el gobierno Federal aprobó una declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para Chiapas, sólo para 24 de 122 municipios que existen, de los cuales 17 están concentrados en la zona Altos. Lo anterior a pesar de que las mujeres se encuentran en medio de un contexto de violencia generalizada, altos niveles de impunidad y permisibilidad social.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Del 2016 a esta fecha, ha registrado 96 hechos de violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos: familiar, laboral, educativo, comunitario, sistema penitenciario y otros espacios públicos. Vemos con preocupación que la gran mayoría de medios de comunicación comerciales invisibilizan y niegan la violencia hacia las mujeres y las estigmatizan con la reproducción de estereotipos que las conciben como objetos. Y va más allá:

 

“En el contexto de violencia generalizada que se vive en México, las mujeres son un botín de guerra en el amplio panorama de violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano tolera, perpetra y reproduce. Las agresiones a las mujeres y la impunidad en que se encuentran los perpetradores es un método para enviar un mensaje que genera miedo y terror para detener la reivindicación de derechos y acciones de resistencia contra el patriarcado que las mujeres luchan cotidianamente tanto en el espacio público como en el privado”.

 

Gloria Flores, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh) considera que el aumento de los asesinatos de mujeres por motivo de género en el estado está vinculado con la violencia estructural y las condiciones sociales de pobreza y marginación: “Tan sólo en febrero del 2017, en una semana se registraron 4 feminicidios, lo que quiere decir que no ha cesado, que va en aumento y las autoridades no han implementado medidas para prevenir la violencia hacia las mujeres”.

Las investigaciones que se están realizando para sancionar a los feminicidas, sólo garantiza el que se inicien carpetas de investigación, pero no garantiza que efectivamente se sancione: “Esto tiene que ver con la falta de capacitación de los fiscales, peritos, policías y demás personal que esté involucrado en la investigación de feminicidios. Después cuando el caso llega ante un juez que es el que tiene que sancionar, la acusación está llena de deficiencias y los responsables pueden salir, y algunos están saliendo, por violaciones al debido proceso”, sostiene la coordinadora del CDMCh.

La liberación de violadores, agresores y feminicidas como resultado de la incompetencia de Fiscales, Peritos, Policías, Jueces, Magistrados y demás servidores públicos en el nuevo sistema de justicia penal se ha venido denunciando en diversas ocasiones, pues su irresponsabilidad, falta de conocimientos, capacitación y perspectiva de género, está creando en la sociedad un mensaje de impunidad y a la vez coloca en riesgo la vida de las mujeres sobrevivientes de la violencia que tienen que convivir en sus comunidades con quienes han sido sus agresores.

 

Una ventana a la memoria

El caso de las hermanas Gonzáles Pérez, indígenas tseltales a quienes elementos del ejército mexicano en un retén militar abusaron sexualmente junto a su madre, con el pretexto de haber participado en la toma de Altamirano. Las mujeres fueron violadas y torturadas y hasta la fecha estos hechos siguen cubiertos de impunidad. Los militares estaban destacamentados en el estado de Chiapas a partir del “Plan de Campaña Chiapas 94”, como parte de las estrategias contrainsurgentes implementadas por el Estado mexicano como respuesta al levantamiento zapatista)

Esto es un claro ejemplo de violencia hacia la mujer por parte de las fuerzas armadas, quienes en diversas ocasiones ha utilizado a la mujer como botín de guerra, demostrando que este tipo de actos no se iniciaron a partir de la salida de los militares a la calle para “tareas de seguridad pública” en el marco de la supuesta guerra contra el crimen organizado inaugurada en el año 10 largos años.

En agosto de 1996 en la zona norte, Minerva Guadalupe Pérez Torres fue golpeada, violada multitudinariamente por al menos 50 hombres del grupo paramilitar Paz y Justicia, para finalmente desaparecerla, configurando un crimen de lesa humanidad. Su hermano, Domingo Pérez Torres, la trae a la memoria:

En la región de los Altos de Chiapas, a 20 años de los hechos, el ejemplo que ha tomado una relevancia internacional en términos de violencia feminicidas e impunidad en medio de un escenario de contrainsurgencia, es la Masacre de Acteal, en Chenalhó. Perpetrada en 1997 por el grupo priista de la región, paramilitares ubicados como Máscara Roja con la complicidad del Estado. De las 45 víctimas, 33 eran mujeres, cuatro de ellas embarazadas, quienes fueron sometidas a agresiones y mutilaciones crueles.

 

Entre la incompetencia de las autoridades, y la organización

A la fecha el Estado no ha reconocido públicamente la carga feminicidas de la masacre, ni ha adoptado medidas de reparación por los daños con perspectiva de género, encaminadas a apoyar a los familiares de las víctimas y evitar su repetición, por el contrario la liberación de la mayoría de los sentenciados acusados como los perpetradores directos, ha reactivado el clima de inseguridad y violencia en la zona, confirmando la impunidad de los 33 feminicidios, la perpetuación de la discriminación y la permisibilidad de la violencia hacia las mujeres.

Esta violencia ha llegado al punto en donde, la constitución patriarcal del gobierno mexicano ha propiciado la incompetencia de servidores públicos y el aparato de justicia creado para garantizar el ejercicio de derechos se ha vuelto un generador de impunidad. Si bien el escenario es complejo, las organizaciones, colectivos y comunidades de mujeres se han estado movilizando cotidianamente para visibilizar este negro panorama en el estado.

Un ejemplo es la Campaña Permanente Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio que ha denunciado la negligencia, incompetencia y complicidad de las autoridades municipales y estatales ante los feminicidios y violencia en contra de las mujeres. O la asamblea de mujeres, pueblos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones que se llevó a cabo este 6 y 7 de marzo en el Cideci – Unitierra de San Cristóbal de las Casas, en donde discutieron alrededor de la demanda de la tenencia familiar y el acceso a la tierra frente a la exclusión que han sufrido.

El 8 de marzo, día del paro nacional de mujeres, las calles y caminos se llenarán de dignidad en movilizaciones simultáneas que exigen alto a la violencia, justicia y libertad para las mujeres luchadoras sociales. Como es el caso de la marcha convocada por las mujeres de Acteal en Chenalhó, o el #NosotrasParamos en San Cristóbal de Las Casas, así como la demanda de libertad a Silvia Juárez en Tecpatán, quien se encuentra defendiendo su territorio frente a la exploración y explotación de los hidrocarburos en la región zoque.

 


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