Palabra de Las Abejas de Acteal a 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres.


Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de febrero de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

¿Cuándo dejarán de responder los malos gobiernos con armas, ejércitos, cuarteles, retenes y entrenamiento de grupos paramilitares a los reclamos de los pueblos que sólo quieren vivir en paz?

¿Cuándo dejarán de aliarse a los narcotraficantes, a los caciques y a las compañías extranjeras que sólo buscan multiplicar sus ganancias, a costa de la destrucción de las comunidades y el despojo de sus tierras y las riquezas que contienen?

Como cada mes desde hace más de 23 años, no podemos dejar que se olvide el crimen de lesa humanidad cometido en esta Tierra Sagrada de Acteal, donde dieron su sangre nuestras 45 hermanas y hermanos masacrados, más 4 bebés que fueron sacados del vientre de sus madres por un grupo de paramilitares que venían de

diferentes comunidades del nuestro municipio de Chenalhó. Y no nos cansamos de demandar que se haga verdadera justicia para nuestros mártires, para los que presenciaron y sobrevivieron este hecho tan atroz y para sus familiares, quienes han tenido que vivir tanto tiempo viendo cómo los malos gobiernos ocultan la verdad, protegen y premian a los asesinos, dividiendo a los que reclaman justicia; lo que sólo provoca que se sienta fácil repetir hechos tan atroces entre nuestros pueblos, pues los responsables materiales e intelectuales no han tenido castigo.

Le solicitamos respetuosamente a la licenciada Esmeralda Troitiño Arosemena, quien es la abogada para México y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que interceda para que la CIDH emita de una vez por todas su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Los resultados de su valiosa intervención son muy importantes para que los malos gobiernos dejen de proteger a los responsables de la Masacre y se desmantelen las actuales condiciones de militarización y paramilitarismo que continúan hoy en nuestras comunidades.

¡Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él! Hemos gritado con todas nuestras fuerzas esta consigna desde el inicio del Plan de Campaña Chiapas ‘94, cuando el gobierno envió más de 72,000 soldados a nuestro estado para tratar de revertir el alzamiento zapatista y asegurar que las compañías no perdieran el control sobre los territorios que necesitan para hacer sus negocios, sembrando el terror en las comunidades. El saldo: asesinatos, tortura, desalojos, desplazamiento, destrucción de trabajaderos y recursos colectivos, terror y robo de pertenencias en comunidades zapatistas; prostitución, violaciones de mujeres, mayor venta de alcohol y drogas en nuestras comunidades, miedo y preocupación de andar solas para las mujeres en su propia tierra, paramilitares que saben usar las armas de grueso calibre que les ayuda a comprar el gobierno del partido en turno. Ante esto preguntamos con el profeta Isaías: “¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres?”, afirma el Señor, el Señor Todopoderoso? (Isaías 3, 15)

En nuestro municipio de Chenalhó, precisamente durante los diálogos de San Andrés en 1996, cuando el gobierno simulaba el diálogo pacífico con la comandancia zapatista, al mismo tiempo que orquestaba el operativo militar para capturarlos, se construyeron muchas de las Bases Militares que permanecen hasta hoy en los lugares de mayor presencia zapatista: para poder vigilarlos, hostigarlos, atemorizarlos y engañarlos con supuestas “ayudas humanitarias”. Bajo diferentes uniformes como la Seguridad Pública, Policía Estatal, Policía Federal Preventiva, Policía Judicial y ahora la Guardia Nacional, esas fuerzas armadas del mal gobierno sólo vienen a nuestros territorios para sembrar el miedo entre los que defienden su tierra y sus comunidades frente a los intereses de los poderosos.

Por eso era tan importante lo que se acordó en San Andrés hace 25 años y que se había plasmado en la propuesta de reformar la Constitución para que los recursos naturales se pudieran aprovechar según el criterio y mandato de los pueblos indígenas, poniendo freno a las ambiciones de los inversionistas nacionales y extranjeros que siempre han querido adueñarse de ellos. Pero no fue eso lo que pasó. Como sabemos, el gobierno no cumplió y, al contrario, hizo todas las reformas estructurales neoliberales a la Constitución para garantizar el derecho de los ricos a comprar nuestras tierras ejidales, nuestros bienes comunales y a expropiar nuestros terrenos cuando convenga a sus intereses, sin consultarnos.

Hoy también recordamos que el pasado 16 de febrero se cumplieron 25 años de la firma de los traicionados Acuerdos de San Andrés, donde integrantes de nuestra organización de Las Abejas se rotaron durante los meses que duraron las negociaciones, manteniendo los cinturones humanos de paz que se formaron para cuidar a los zapatistas; quienes a su vez convocaron a representantes de los pueblos indígenas que en aquellos años nos manteníamos aún independientes del gobierno, para que pudiéramos encontrarnos, conocernos y después articularnos en lo que hoy conocemos como el Congreso Nacional Indígena para ir fortaleciendo nuestra autonomía, y que después logramos conformar el Concejo Indígena de Gobierno.

Por eso hoy nos hacemos eco de la denuncia presentada en la declaratoria final de la Quinta Asamblea Nacional del CNI con el CIG que se logró realizar con delegados de 100 pueblos indígenas en plena pandemia:

“La imposición del Tren Maya, que va aparejado de la construcción de 15 centros urbanos, del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, que contempla 10 corredores urbano-industriales, y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Parque Ecológico Lago de Texcoco, junto con el Proyecto Integral Morelos, buscan el reordenamiento del país de acuerdo a los intereses económicos del gran capital. Del mismo modo es muy grave el proyecto de construir, para beneficio de diversas empresas extranjeras, tres termoeléctricas -una de ellas ya está concluida-, una red de gasoductos y una megacentral para almacenar combustibles en la cuenca del Río Santiago, al sur de Guadalajara, lo que adicionalmente ocurre en una de las regiones más contaminadas del país; a lo que habría que agregar el proyecto Canal Centenario, actualmente ejecutado por la Guardia Nacional, que en Nayarit pretende trasvasar los ríos San Pedro y Santiago. La minería a cielo abierto amenaza del mismo modo a cientos de territorios de pueblos indígenas ocupando la misma fórmula de división, despojo y destrucción de nuestras comunidades”.

Por eso no es casualidad que tengamos hoy un país más militarizado, donde todos los que luchan por la vida, contra los megaproyectos y por la memoria de los que han dado su vida luchando contra la explotación, el despojo, el desprecio y la destrucción de nuestra forma de vivir, corren el riesgo de ser desaparecidos, asesinados, secuestrados o encarcelados.

Y nos llenamos de digna rabia y de tristeza de ver tantos casos de compañeros queridos que fueron asesinados en este mes, que justo se cumplen 2 años del asesinato de nuestro hermano Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos que era Amilcingo, en la tierra de Zapata. Seguimos reclamando justicia para él y para todos los que han encontrado la muerte por oponerse a los intereses de las compañías trasnacionales y caciques locales, quienes son los únicos que ganan con la realización de los megaproyectos que amenazan nuestras comunidades.

A Samir hoy se une Fidel Heras Cruz, quien era comisariado ejidal de su pueblo, también integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y formaba parte de la resistencia contra las hidroeléctricas Paso de la Reyna y Río Verde en Oaxaca, donde desde hace 13 años los pueblos se han organizado para impedir la imposición de los megaproyectos en su territorio y la contaminación de sus ríos y tierras. Los caciques de su pueblo, la familia Iglesias. le tenían coraje porque el ejido decidió cobrarles a tiempo la grava que extraen de su río. Fue asesinado el pasado 23 de enero en su municipio Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Junto a Samir y Fidel, hoy reclamamos justicia para Miguel Vázquez Martínez, guardián de los ríos en Veracruz, quien fue encontrado sin vida en una fosa clandestina en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan, Veracruz, el pasado 15 de febrero, cien días después de haber sido ultimado. El compañero era integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, y fue duro opositor a la instalación de proyectos extractivos como las Mini-hidroeléctricas en Tlapacoyan. La violencia extrema que se vive en regiones como Veracruz con asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y fosas clandestinas, es resultado de la política impulsada por los malos gobiernos para crear un clima de ingobernabilidad, que facilite aún más callar y eliminar a los defensores del pueblo, los enemigos de los poderosos, sin ninguna consecuencia.

Y nosotros hemos vivido en carne propia cómo la solución a esta violencia extrema no es la militarización. Nuestros mártires fueron brutalmente asesinados cuando existía un puesto de Seguridad Pública a menos de 200 metros de distancia. Y los militares fueron avisados de lo que sucedía y no hicieron nada durante todas las horas que duró la masacre. Tenemos bases militares rentando nuestros terrenos desde hace casi 25 años y la violencia continúa en Aldama y Chalchihuitán, los paramilitares que educaron y financiaron los militares, siguen encabezando el hostigamiento a los que estamos en resistencia contra el mal gobierno y no queremos aceptar sus apoyos y proyectos.

Por eso exigimos que se les otorguen los amparos que están solicitando legalmente nuestros compañeros del pueblo tseltal de Chilón, Chiapas, quienes piden que se pare la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional que están haciendo sin el consentimiento del pueblo en su territorio, violando sus derechos como pueblo indígena.

Hermanas y hermanos, para fortalecernos juntos en este camino de construir vida, verdad y la justicia, les pedimos que nos acompañen en la lucha contra la militarización en nuestros pueblos que han encabezado valientemente, desde el inicio, nuestras compañeras mujeres. Ojalá puedan estar con nosotras, de manera presencial o en línea, durante la actividad que están preparando las compañeras de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para el próximo 8 de marzo, cuya convocatoria les haremos saber en breve.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, los que estamos encargados de cuidar la organización, estamos defendiendo nuestras tierras y a nuestro pueblo, siguiendo el ejemplo de nuestro hermano Alonso Vázquez que entregó su vida para que tuviéramos paz.

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias Gerardo Pérez Pérez

Presidente Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez Pedro Pérez Pérez

Tesorero sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.

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