Caso Antonio González Méndez

Antonio González Méndez, miembro de las bases civiles del EZLN, fue desaparecido el 18 de enero de 1999, en Sabanilla, Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas en un escrito de la Secretaría de la Defensa Nacional, titulado Plan de Campaña Chiapas 94, incluyeron la formación de grupos paramilitares, quienes cometieron diferentes crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia.

En específico, Antonio González fue desaparecido por el grupo paramilitar Paz y Justicia quien operó en municipios de la Zona Norte de Chiapas como Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá y Yajalón. Es conocido que el día en que fue desaparecido se encontraba acompañado por una persona identificada como integrante de dicha agrupación.

Zonia López, esposa de Antonio asumió desde ese momento el papel de de defensora insistiendo ante instancias nacionales la búsqueda de Antonio. El proceso fue tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación. Ello no fue una situación aislada, pues como se ha documentado la política contrainsurgente implicaba también garantizar la impunidad de sus crímenes.

Pese a las distintas alternancias del poder en México, el pacto de impunidad frente a este periodo de la historia se mantuvo y cada gobierno en turno se ha empecinado en negar la política contrainsurgente en Chiapas y sus crímenes.

Ante el contexto nacional adverso para la justicia, la familia de Antonio y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas decidimos acudir, desde el año 2000, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para demandar al Estado mexicano por su desaparición e impunidad.

Después de un largo proceso internacional, la CIDH emitió su informe de fondo en 2019, decisión internacional de gran alcance para el caso y la verdad histórica. La CIDH reconoció que se tenía por demostrada la política estatal contrainsurgente, la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares, y que Paz y Justicia fue uno de ellos. Adicionalmente exigió investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto.

Pese a este gran avance, el gobierno mexicano, abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, se empecinó en dar un cumplimiento mínimo al informe de fondo. A la fecha no se han realizado acciones para buscar a Antonio González, y menos aún se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsuegencia reconocido internacionalmente.

La posición oficial es ambivalente, aunque mayoritariamente negacionista, por un lado el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población ofreció una disculpa pública en la que reconoció el contexto de la desaparición. Esta disculpa pública es interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, puesto que la falta de búsqueda e investigación posteriores demostró, en los hechos, la falta de compromiso real.

Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante esta instancia, el gobierno morenista negó nuevamente la política contrainsurgente. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que siguen produciéndose por la falta de verdad para las víctimas del paramilitarismo en Chiapas, como es el caso de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, o de los familiares de los otros 37 desaparecidos y 85 personas ejecutadas por Paz y Justicia.

El proceso ante la Corte Interamericana representa un momento histórico. Se trata del primer caso que la Corte conoce sobre este contexto e implica nueva oportunidad para que el Estado mexicano sea condenado a reconocer la verdad sobre este episodio de la historia, así como para que finalmente se comprometa a reparar a todas las víctimas de su política criminal.