Colectivo de Familias Unidas contra la tortura se pronuncia contra la injusticia en el caso Yonny Ronay

PRONUNCIAMIENTO

A la Opinión Pública.
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos.
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos.
A los Medios de Comunicaciones local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes.
PRESENTE.

Somos la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”.

Por medio del presente pronunciamiento hacemos del conocimiento público que somos familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura; nuestra lucha y esperanza es lograr la justicia, la libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado.

Hoy nos expresamos con profundo dolor, agonía y repudio en contra del Poder Judicial del Estado de Chiapas, específicamente al Juzgado y Tribunal de Enjuiciamiento Región 03 de Villaflores, Chiapas. A casi un año de reposición de la Audiencia de Juicio Oral y cinco días de la emisión del resolutivo condenatorio por 31 años y 6 meses por parte de la Juez de Enjuiciamiento de dicho Tribunal, Ana Lilia Portela Hernández en contra del joven Yonny Ronay Chacón González (en adelante Yonny Ronay), sobreviviente de tortura y víctima de la fábrica de culpables por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Alzamos la voz en mencionar que, la citada Juez de Enjuiciamiento en las 4 audiencias a Juicio Oral que se llevaron a cabo desde principios de enero de 2022 hasta el 01 de marzo del presente año, vulneró de manera simultánea derechos humanos, principios generales del proceso penal y la misma Constitución Federal en contra de Yonny Ronay, siendo el acceso al debido proceso y una defensa adecuada al negar el ingreso de sus abogados defensores, no dejar desapercibido las reprogramaciones de audiencias; no permitir la entrada en audiencia de Observadores de derechos humanos, para el debido cumplimiento de los mismos; subsanó las deficiencias y argumentó a favor de la Fiscalía, incorporó hechos que no fueron probados en juicio, valorando pruebas sin ser desahogadas de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y NO excluyó pruebas obtenidas bajo violaciones a derechos fundamentales como realiza el pseudo procurador de justicia Daniel Arellano Camacho, ex fiscal titular de la Fiscalía de Distrito Fraylesca en Villaflores, Fiscalía denunciada públicamente en nuestro comunicado de fecha 03 de noviembre de 2021 como simulador de justicia, fábrica de culpables y de realizar detenciones ilegales.

En Villaflores y el resto de Chiapas no podemos acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial, si tenemos a Juzgadoras y Juzgadores quienes solapan las malas actuaciones de las Fiscalías, sin considerar las vulneraciones a nuestros derechos humanos y sentenciando a inocentes, no podemos creer y confiar en un Estado de derecho en la que los Tribunales Judiciales están siendo marcados por la corrupción y mala impartición de justicia, ya que sentenciar a una persona inocente marca un número en el supuesto Chiapas seguro, siendo todo lo contrario.

El proceso penal de Yonny Ronay es un claro ejemplo de la mala administración de justicia en Chiapas impartida no solo por la Juez de Enjuiciamiento, Ana Lilia Portela Hernández, sino también por los demás jueces que han sentenciado inocentes con las investigaciones a modo permeadas por la Fiscalía General de Chiapas. La fábrica de culpables, en la que ha habido testimonios de personas que han fallecido y agregan sus supuestas declaraciones en Audiencias o las falsificaciones de testimonios en la que usan sus identificaciones y modifican su personalidad en los delitos, como el caso de Luis Carlos Domínguez Martínez, víctima de la fábrica de culpables acusado de homicidio calificado con testimonios fabricados y recibiendo un proceso bajo celdas.

Para el Poder Judicial en Chiapas pareciera que sentenciar a una persona inocente con una investigación a modo es más fácil, que sentenciar a policías, agentes perpetradores de tortura, tratos crueles inhumanos y/o degradantes, en la que hay investigaciones largas y tardías. Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo, sobreviviente de tortura, quien denunció esta violación a sus derechos humanos ha esperado poder acceder a una justicia pronta por más de 5 años tras su libertad, sin que el Juzgado y Tribunal de Enjuiciamiento de Chiapa de Corzo, pueda dar apertura a audiencia inicial, el pasado 23 de febrero de este año, se reprogramó por enésima vez su audiencia inicial siendo para el 08 de septiembre, 7 meses.

En instituciones de derechos humanos del Estado mexicano, el obtener el reconocimiento de víctima ante el Estado mexicano se ve inalcanzable, una absoluta negación. Sergio Alberto González Castro, sobreviviente de tortura y denunciante de este crimen de lesa humanidad, ha esperado por más de 3 años a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (en adelante CEDH) en Chiapas emita su Recomendación en contra de las autoridades responsables y se reconozca dicho crimen, podríamos considerar que la CEDH invisibiliza la tortura.

Hoy solicitamos que nuestra denuncia llegue a las instancias correspondientes, sea atendida, escuchada y bajo observancia internacional. Concluimos, junto a las familias y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas continuaremos agotando los recursos legales correspondientes y denunciando las prácticas sistemáticas y generalizadas de la FGE hasta que la justicia y la verdad se hagan presentes. Hacemos una invitación a los familiares y sociedad en general que tienen nuestros problemas a sumarse a nuestra lucha contra la tortura.

Atentamente,
Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
San Cristóbal de Las Casas,
La Concordia,
Pichucalco,
Jiquipilas,
Palenque,
Playas de Catazajá,
Teopisca,
Villaflores,
Chillón,
Cintalapa,
Venustiano Carranza.
San Cristóbal de Las Casa Chiapas, México a 05 de marzo de 2022.