Desplazamiento forzado en Chiapas: los impactos de la violencia y la impunidad


 

Cuando el dolor se parece a un país,

 

se parece a mi país.

 

Los sin nada se envuelven con

 

un pájaro humilde que

 

no tiene método.

 

Un niño raya con la uña

 

lluvias que no cesan.

 

Está desnudo en lo que va a venir.

 

Una ilusión canta a medias

 

un canto que hace mal.

 

Juan Gelman

 

El desplazamiento forzado es una grave violación a los derechos humanos. Se trata de uno de los dramas más terribles que le pueden pasar a una persona, a una familia, a una comunidad, ya que pierden su proyecto de vida, pierden parte de su historia, que van desde su vida cotidiana, sus recuerdos y sus prácticas culturales, hasta sus bienes materiales e inmateriales y sus herramientas de trabajo. En el caso de los pueblos indígenas, los desplazados pierden su tierra, su terruño; se fractura su cotidianidad, se apodera de ellos un dolor profundo que cruza el cuerpo y se expresa en su andar, en una búsqueda de la vida en el vacío, al ser obligados a huir para sobrevivir.

 

Actualmente, existen en el mundo 70,8 millones de personas que huyeron de guerras, persecuciones o conflictos, lo cual marca una crisis global en los 70 años de vida de la ONU, y es necesario recordar que estas cifras deben considerarse como “conservadoras”.

 

La cifra oficial duplica el número de personas desplazadas hace 20 años y creció en 2.3 millones respecto al año pasado. Su tamaño es equivalente a poblaciones de países enteros, como Tailandia, que en 2017 tenía 69.04 millones de habitantes.

 

En México, el fenómeno del desplazamiento forzado se ha incrementado en las últimas décadas, particularmente a raíz de la espiral de violencia generalizada que vivimos por la complicidad y captura del Estado por el crimen organizado, la continuidad de la contrainsurgencia y sus remanentes de grupos articulados de corte paramilitar que controlan territorios con intereses fácticos; violencia que en su camino ha dejado cifras que oscilan entre 400 mil y 700 mil personas[1] desplazadas, la mayoría de ellas invisibilizadas y discriminadas.

 

De acuerdo con la ONU, los desplazados internos son “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.[2]

 

En Chiapas, la concepción del desplazamiento forzado es relativamente reciente, a pesar de que, en términos generales e históricos, la población ha estado en constante desplazamiento ocasionado por los intereses económicos de poderes fácticos y políticas de gobierno en cada época. Las comunidades indígenas han sido la población más afectada.

 

A partir de 1994, se diseña e implementa una política contrainsurgente, perpetrada por el Estado mexicano en el contexto del conflicto armado interno, con el objetivo de desarticular la organización y acabar con la resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con la población civil organizada en la entidad.

 

Lo anterior provocó un desplazamiento forzado masivo, nunca antes visto en el país, ocasionado por la guerra contra el EZLN, amenazas y hostigamiento por parte del Ejército mexicano y las invasiones a territorios de pueblos originarios. Para principios de ese año, la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (Conpaz) contabilizó 17 mil 139 desplazados sólo en los municipios de Comitán, Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano. Para el mes de mayo, la cifra aumentó a por lo menos 35 mil personas.[3]

 

El desplazamiento forzado en Chiapas se intensificó desde el año 1996, y por la escalada de violencia en el año de 1997,[4] con la creación de grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad como la Masacre de Acteal, donde el 22 de diciembre de 1997, en el campamento Los Naranjos, Chenalhó, hoy sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, fueron asesinadas 45 personas y cuatro no nacidos.

 

En ese tiempo, en el campamento se encontraban 325 personas desplazadas que huían de la violencia paramilitar en la región. Previo a la masacre, entre mayo y diciembre de 1997, había más de 6,000 personas desplazadas en los Altos[5], y paralelamente se agudizó el desplazamiento forzado en la zona Norte del estado, en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbala, Chilón, Salto de Agua, en la región Chol, de expansión del EZLN, en donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) pudo documentar una cifra superior a las 12,000 personas desplazadas forzadamente como consecuencia de la violencia generalizada, bajo la implementación del Plan Chiapas 94, estrategia contrainsurgente que dio paso a la ocupación militar en la zona de influencia zapatista y creo los grupos paramilitares en la región. Actualmente, persiste la ocupación militar, ahora reforzada con la presencia de la Guardia Nacional, y se mantiene y tolera a grupo armados de corte paramilitar.

 

La violencia de los grupos paramilitares tuvo como consecuencia crímenes de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, tortura, amenazas de muerte, intimidación, destrucción de propiedades y privaciones arbitrarias de la libertad, entre otras graves violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano reproduce la lógica de guerra y represión y con ella el desplazamiento forzado como forma de control de población y de territorios para “impedir el ejercicio del derecho a la autonomía, así como de sus libertades fundamentales en las comunidades indígenas”.[6]

 

Hoy en día, el desplazamiento forzado, como estrategia contrainsurgente, continúa con la utilización de grupos que aprendieron las tácticas de guerra e implementación del terror paramilitar. Actualmente son los sucesores de paramilitarismos, sustentados por las mafias de la región, los poderes fácticos que reaccionan a los intereses locales y sus vínculos con los gobiernos municipal, estatal y federal, provocando un pacto de impunidad.

 

La consecuencia de la impunidad se ha profundizado y generado más violencia, porque los gobiernos en turno siguen las mismas estrategias políticas contrainsurgentes que sus antecesores. El Estado mexicano no ha tenido la mínima voluntad política de asegurar la no repetición de hechos como el de la Masacre de Acteal, y no podemos vivir en paz y libres mientras los autores materiales e intelectuales sigan libres”.[7]

 

Población vulnerable por el desplazamiento forzado

 

La vulnerabilidad y la pobreza estructural en el territorio de Chiapas agrava las condiciones de las personas víctimas de desplazamiento forzado. Un ejemplo evidente es lo que sucede en el municipio de Chalchihuitán, tercer municipio más pobre de Chiapas y el quinto de la república, con 79.8 de cada 100 personas en situación de pobreza extrema.[8] En Chalchihuitán, la tasa de mortalidad infantil es de 166 por cada mil habitantes, trece veces más que a nivel estatal. La tasa de muerte de menores de 5 años es de 15.7 por 1,000 nacidos vivos estimados. Ocupa el 7º lugar a nivel estatal en incidencia de tuberculosis pulmonar y el tercero en mortalidad por esta causa.[9]

 

En este municipio, el abandono institucional y la pobreza estructural son históricos y se han profundizado con el desplazamiento forzado, que pone en mayor vulnerabilidad a mujeres, niñas y niños. Ante esta emergencia, el Estado mexicano ha sido omiso al no cumplir con su obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos de la población desplazada, dejando escalar la crisis humanitaria.

 

De los hechos mencionados, contamos con la documentación de que los primeros desplazamientos ocurrieron a partir de la ejecución extrajudicial de Samuel Luna Girón, provocada por el ataque de un grupo civil armado a las comunidades ubicadas en la colindancia Chalchihuitán-Chenalhó, el 18 de octubre de 2017. Según escalaba la violencia, el número de personas desplazadas aumentaba, hasta llegar, el 25 de noviembre del mismo año, a la cifra de 5,023 personas, que representan el 34 % de la población total del municipio de Chalchihuitán, lo cual significa que, en promedio, uno de cada tres habitantes tuvo que huir de su hogar. Entre las personas desplazadas se encuentran niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianas y ancianos, quienes requerían de ayuda médica de urgencia y atención especializada. Incluso hubo nacimientos en las montañas y 11 muertes entre las víctimas del desplazamiento forzado.[10]

 

El 2 de enero de 2018, 3,858 personas de las comunidades de Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruztón, Bejeltón y Bololchojon retornaron a sus hogares sin condiciones ni garantías de seguridad, puesto que los disparos de los grupos paramilitares continuaban.[11] El retorno se realizó bajo presiones de funcionarios del gobierno, especialmente del presidente municipal de Chalchihuitán, funcionarios de Protección Civil y demás agentes del gobierno municipal; esto después de una reunión con el entonces Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.[12]

 

Debido a la gravedad de la situación y los riesgos inminentes, y por la falta de garantías y seguridad de 10 comunidades en desplazamiento forzado de Chalchihuitán, el Frayba solicitó a la CIDH medidas cautelares que fueron otorgadas el 24 de febrero de 2018 (Resolución 15/2018). Sin embargo, el Estado mexicano, pese a las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil y de integrantes de las comunidades afectadas, ha ignorado la situación de violencia en la región: no ha desarticulado ni desarmado a los grupos civiles de corte paramilitar ni ha realizado las investigaciones de los crímenes cometidos.

 

A más de dos años del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, la situación es grave con un continuum de violaciones a derechos humanos que genera condiciones de alta vulnerabilidad. [13]

 

Un total de 277 familias, que estaban en 10 campamentos en Chalchihuitán o en lugares de refugio y viviendas prestadas o rentadas, careciendo de servicios básicos como luz y agua, permanecen en condición de desplazamiento forzado. Del total de los desplazados, 1,238 personas pertenecen en su mayoría a parcelas y casas que se ubican cerca de las colindancias donde aún se escuchan disparos.

 

La crisis humanitaria por desplazamiento forzado se extiende en la región

 

A consecuencia de la tolerancia y permisividad con la que operan los grupos armados de corte paramilitar en Chenalhó, que provocaron el desplazamiento forzado masivo de comunidades del municipio de Chalchihuitán, a partir del 27 de febrero de 2018 la crisis humanitaria se extendió a toda la región. Grupos armados, provenientes de la comunidad Santa Martha, ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, iniciaron un ataque en contra de las comunidades de Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuchem y Puente, del municipio de Aldama, que se encuentran en las cercanías del río que marca la colindancia entre ambos municipios.

 

Este grupo armado de corte paramilitar actúa bajo la complicidad de los tres niveles de gobierno, provocando un desplazamiento actual que oscila entre 1,500 y 2,036 personas, que se ven obligadas a huir a la montaña, a lugares de refugio y a casas de familiares, dependiendo de la intensidad de las agresiones hacia las comunidades.

 

De acuerdo con testimonios, el grupo armado de Santa Martha se coordina en sus acciones con el que atacó a los pobladores del municipio de Chalchihuitán; están vinculados con la expresidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y ahora relacionados con el actual presidente del mismo ayuntamiento, Abraham Cruz Gómez.

 

Otros desplazamientos forzados se han dado en la zona Norte de Chiapas, donde se desplazaron 125 personas de la comunidad tseltal Carmen San José, en Chilón. El mismo grupo civil armado procedente de Pechton Icotsilh’ desplazó a 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil y mantiene en sitio a tres comunidades más: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón; y Santa Cruz, en el municipio de Sitalá.

 

La violencia en la región escaló desde el 3 de junio de 2018, cuando un grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis Gómez Guzmán, en la comunidad de Carmen San José. El 4 de junio, los agresores regresaron a la comunidad y dispararon al aire causando terror en la población. Posteriormente hostigaron, amenazaron, intimidaron y extorsionaron a quienes habitan en el lugar. Además, realizaron robos y secuestros, controlando el territorio mediante el terror.

 

El 6 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 06:00 horas, un grupo civil armado de alrededor de 20 personas procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh’ atacó con armas de fuego a la población de San Antonio Patbaxil. El mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José, entre el 20 y 25 de junio de 2018. Son en total 40 familias, 190 personas aproximadamente, entre niños, niñas, mujeres, ancianos y hombres que se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad.

 

El 25 de junio de 2019, a las 12:00 horas aproximadamente, grupos civiles armados provenientes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, atacaron con armas de alto poder y desplazaron forzadamente a la comunidad de San Pedro Hidalgo, posteriormente también desplazaron a la comunidad San Pedro La Grandeza, ambas pertenecientes al pueblo maya tsotsil, del ejido Jotolch’en, en el municipio de San Andrés Duraznal. Según testimonios documentados, el grupo civil armado portaba chalecos antibalas y uniformes parecidos a los que utilizan los militares. El ataque duró aproximadamente una hora y media: “llegaron dispuestos a matar, hubo un primer rafagueo, pasaron a toda velocidad en vehículos y luego regresaron caminando a continuar el ataque”. El ataque dejó un saldo de personas heridas y algunas muertas. Esa misma noche, 132 personas de San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza se desplazaron forzadamente de sus comunidades.

 

Por otra parte, 125 integrantes de Las Abejas de Acteal fueron desplazados de manera forzada el 10 de agosto de 2019 del barrio Río Jordán de la comunidad de Los Chorros, Chenalhó, por autoridades comunitarias. Cabe señalar que este territorio ha sido históricamente cuna de los paramilitares en la zona Altos.

 

En la comunidad de Banabil, municipio de Tenejapa, un grupo armado vinculado a las autoridades comunitarias y municipales desplazó forzadamente a 24 personas desde el 4 de diciembre de 2011.

 

Derivado de la masacre en la comunidad Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, perpetrada el 13 de noviembre de 2006 por el grupo de corte paramilitar OPDIC, 30 pobladores se vieron obligados a desplazarse forzadamente.

 

Es evidente que las acciones armadas en los municipios de Tenejapa, Ocosingo, Chilón, San Andrés Duraznal, Chalchihuitán, Aldama y Chenalhó se deben a la complicidad de los gobiernos en sus diversos ámbitos de competencia, que va desde el involucramiento directo hasta la omisión y la permisividad. Aunado a ello, los gobiernos no han desarrollado la capacidad de investigar e investigarse a sí mismos en cada una de las situaciones criminales, lo que provoca una ausencia de gobernabilidad que se convierte en tierra fértil para perpetuar los desplazamientos forzados, tal y como sucedió en los años 90, en el marco del Conflicto Armado Interno (CAI) en Chiapas, donde actualmente han surgido nuevos actores a los que podríamos considerar sucesores de la violencia paramilitar, con el gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas, que actúa como espectador y cómplice, mientras el gobierno municipal de Chenalhó ha sido señalado como el que financia y organiza estas acciones del grupo armado de corte paramilitar. Lo que queda claro es que los gobiernos tienen la responsabilidad directa de garantizar y proteger el derecho a la vida, a la seguridad e integridad de las personas que hoy están sufriendo graves violaciones a los derechos humanos.

 

Eterno desplazamiento

 

Al no cumplir adecuadamente con las medidas cautelares, el Estado mexicano es responsable de los nuevos desplazamientos forzados -provocados por riesgo para la vida, la seguridad y la integridad- y de una nueva crisis humanitaria, como sostienen las recomendaciones de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[14], y Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.

 

Después del otorgamiento de medidas cautelares por las diversas instancias del gobierno mexicano, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego de reuniones tras reuniones con autoridades gubernamentales, la población desplazada sigue ahí, sobreviviendo con sus propias alternativas y algunas familias recibiendo las migajas de los gobiernos federal y estatal. Esta ayuda humanitaria depende de la “voluntad política” de las autoridades, sin un programa de atención integral y culturalmente adecuado. La población desplazada ha insistido en que se instaure una política integral de atención y pronto retorno, que vaya directamente a la raíz de los conflictos, y que se aplique la Ley Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas.

 

Por otra parte, las fiscalías General de la República y la General del Estado no avanzan en las carpetas de investigación respecto a las averiguaciones sobre la actuación de los grupos de corte paramilitar responsables de los ataques: su financiamiento y formación, así como su vínculo con autoridades involucradas.

 

Tendencias, impactos de la violencia e impunidad

 

En Chiapas persisten casos de familias y comunidades que no han podido retornar desde hace incluso más de una década: en la zona Norte, que comprende los municipios de Tumbalá, Sabanilla, Tila, Salto de Agua y Palenque, desplazadas de 1995 al 2000. En casos como el de Aldama, la impunidad permite que se mantengan las graves violaciones a derechos humanos y que los agresores controlen territorios mientras escala el nivel de violencia. Desde el Frayba hemos documentado el desplazamiento relacionado con la violencia generalizada y con hechos vinculados al conflicto armado no resuelto, lo cual nos arroja un dato aproximado de 9,950 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas del 2006 a la fecha. En estos años, cada gobierno que pasa invisibiliza esta situación, misma que por el panorama que viene se vislumbra critica, ya que continúa la amenaza de desplazamientos forzados por megaproyectos, como supercarreteras, mineras, hidroeléctricas y plantaciones que despojarían a pueblos originarios, violentando sus derechos a la autonomía, el territorio y la libre determinación.[15]

 

La omisión del gobierno en atender de manera integral el desplazamiento y sus causas vulnera un conjunto de derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad personal; el derecho a la dignidad, a la verdad, a la justicia; el derecho a la libre circulación, a la convivencia y a la paz. Al mismo tiempo, se violan derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como acceso al agua, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo; el derecho a un ambiente sano, así como derechos específicos, como el de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia.

 

Es preciso señalar que los grupos de población más vulnerables por el desplazamiento forzado son las niñas y los niños, las mujeres embarazadas y con hijos pequeños, así como los hombres y mujeres mayores de edad. Ellos son quienes más sufren este entorno de violencia, que tiene impactos psicosociales tan profundos que han llevado a personas al suicidio.

 

A todo esto se suma la criminalización de quienes defienden sus derechos, de quienes defienden a su pueblo, tal y como sucedió el 14 de marzo de 2020 con el señor Cristóbal Santiz Jiménez, defensor de derechos humanos del municipio de Aldama, a quien el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas mantiene privado arbitrariamente de su libertad y quien, en consecuencia, es un preso político a quien el estado reprime bajo intereses mezquinos dirigidos a maniatar a las autoridades comunitarias de Aldama.

 

Es por todo lo anterior que desde el Frayba denunciamos la tolerancia y la complicidad de funcionarios estatales y federales ante la presencia de grupos armados que controlan el territorio del estado. Los gobiernos estatal y federal son responsables de graves violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada, en una zona de histórica impunidad y de protección estatal a grupos paramilitares y de corte paramilitar que, en su accionar, determinan desplazamientos forzados internos.

 

Ante este contexto de crisis de derechos humanos, vemos las siguientes tendencias:

 

Desamparo y continuidad de la situación crítica de las personas desplazadas de comunidades indígenas y campesinas por la violencia generalizada derivada de la actuación de grupos civiles armados de corte paramilitar en el estado de Chiapas.

 

Aumento e invisibilización de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos y mujeres indígenas y campesinas, incluyendo los relacionados con la tierra, el territorio, el medio ambiente, el agua y la salud.

 

Impulso de la política extractiva y despojo a los territorios de los pueblos originarios con énfasis en la extracción minera, explotación forestal, manejo de aguas, proyectos de infraestructura o explotación turística, construcción de represas, que implicará inevitablemente nuevos desplazamientos forzosos.

 

Impactos de la violencia política

 

Se configura una violencia estructural: las comunidades históricamente han estado en el abandono, con los peores índices de desarrollo humano, donde la pobreza, la marginación y la exclusión son las constantes, aunadas a la negación de sus formas de organización, desarrollo y autonomía; además de una violencia subjetiva, una violencia sistémica, socioeconómica, simbólica y cultural, marcada por la discriminación que deteriora lo lazos comunitarios.

 

En el contexto del desplazamiento forzado, sus causas y consecuencias; las condiciones en que se encuentran las poblaciones afectadas, así como sus efectos físicos, psicológicos y comunitarios, los daños irreversibles derivados de este acontecimiento traumático son equiparables a la tortura y tratos o penas inhumanos o degradantes, pues se generan entornos torturantes, angustia y desesperación al prolongarse las violaciones a derechos humanos sin tener certeza de una salida al problema. Así también, se configura una violencia objetiva, que viene desde la coyuntura actual con los poderes reales en los territorios específicos, a través de los poderes que se expresan con las acciones armadas.

 

La impunidad en los casos de desplazamiento forzado

 

Entendemos la impunidad, en términos generales, como ausencia, vacío, omisión, irresponsabilidad, incumplimiento generalizado de las leyes de un estado de derecho. También como la ausencia de responsabilidad penal, civil o administrativa y la falta de una debida reparación del daño a las víctimas.

 

La procuración de justicia en Chiapas está en el lugar 30; la fiscalía ha sido calificada como una de las peores del país, debido que el sistema judicial está superado por la corrupción y la resistencia a cambios que permitan mejorarlo, lo que da como resultado una institución colapsada, caracterizada por el nulo o crítico funcionamiento del sistema judicial, el fallo continuo en las investigaciones básicas y la obsoleta investigación científica, a lo que hay que sumar que no existe en los hechos la real independencia e imparcialidad de los procedimientos judiciales.

 

En este contexto, podemos sostener que el sistema de justicia represena la expropiación de lo público en beneficio de los poderes fácticos, lo que genera una impunidad que sigue produciendo violaciones múltiples a los derechos humanos. La posibilidad de revertir esta situación requiere de un cambio de actuación del sistema judicial fortaleciendo sus acciones de investigación científica con peritos independientes.

 

En el caso del desplazamiento forzado, es necesario conocer e investigar lo siguiente:

 

1.- La estructura de poder y sus actores

 

2.- Las redes de bienes y recursos que se intercambian

  

3.- El tipo de complicidad que existe en los territorios

 

4.- Que la investigación sea imparcial, independiente, autónoma y eficaz.

 

Es urgente desactivar las violencias, realizar todo aquello que implique desactivar la violencia con justicia y verdad y con medidas de reparación, para así propiciar los acuerdos comunitarios y de paz. Esto implicará romper los pactos de impunidad y confrontar los actos de poder para desmontar las complicidades de los multinegocios criminales. De esta manera se reestablecerán los lazos de convivencia comunitaria que permitan a los pueblos encaminar sus horizontes de vida y paz.

 

Pedro Faro

 

Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

 

Jovel, Chiapas, México

 

29 de marzo de 2020

 

[1] Cifras no oficiales, calculadas por organizaciones que monitorean el desplazamiento forzado en el ámbito nacional, debido a que el gobierno de mexicano no tiene un registro de la situación de desplazamiento forzado en el país.

 

[2] Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 11 de febrero de 1998. ONU.

 

[3]Frayba. Desplazados por el conflicto armado interno en Chiapas. Informe para el Relator Especial de la ONU. Chiapas, México. 12 de junio de 2003. Disponible en: https://Frayba.org.mx/historico/archivo/informes/030612_desplazados_por_el_conflicto_armado_frayba.pdf

 

[4]Frayba. El Camino a la Masacre, Chiapas, México, 1997. Disponible en: https:// frayba.org.mx/wp-content/uploads/1997/12/971230_camino_a_la_masacre_frayba.pdf; Belinghausen, Hermann. Reportaje, A diez años de Acteal. La Jornada. México. 2007. disponible en: http://acteal.blogspot.com/2007/11/el-origen-mltiples-episodios-de-un-plan. html

 

[5]Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Micrositio: Desplazamiento Forzado y Resistencia de Las Abejas. Entre la contrainsurgencia y la impunidad. A 25 años de la organización y 20 de la Masacre. Chiapas, México. Disponible en: http://www.acteal.org/micrositio/

 

[6]V.A.A. Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en Chiapas. Visita a México de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz. Chiapas, México. Noviembre de 2017. Disponible en: https://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/171121_Informe-Chiapas_Relatora-de-Pueblos-Indigenas.vf_.pdf

 

[7]Vásquez Luna, Guadalupe. sobreviviente de la Masacre de Acteal, ante Victoria Lucia Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los responsables de la masacre de Acteal son funcionarios del gobierno de alto nivel como el mismo Presidente de la República. Chiapas, México. 14 de noviembre de 2017. Disponible en: http://acteal.blogspot.com/search?q=Las+Abejas+de+Acteal%3A+El+conflicto+entre+

Chalchihuit%C3%A1n+y+Chenalh%C3%B3+%E2%80%9Ces+responsabilidad+del+gobierno%E2%80%9D

 

[8] Coneval 2012 y Sedesol, informe anual de rezago social y agrario, Chiapas, 2015. Cifras que aumentaron para el 2016. En México, las personas que viven en pobreza, según cifras oficiales, son 53.3 millones, lo que representa el 43.6 %. Mientras que 9.4 millones de personas viven en pobreza extrema, lo cual representa el 7.6 %. Coneval 2016. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza _2016.aspx

 

[9]Informe “Situación estatal y municipal de los avances en los indicadores ODM para Chiapas”, 2014. Disponible en: http://www.monitor-odm.chiapas.gob.mx/odm2/wp-content/uploads/downloads/DGEI_SITUACION_ODM_2013_27-enero-2014.pdf

 

[10]Al 17 de diciembre de 2017, se constataron 11 muertes. Enseguida se presentan según probable causa, edad y fecha del deceso. Por neumonía: Maura Pérez Luna, 1 año 6 meses, falleció 5 diciembre, localidad Pom; Mariano Pérez Aguilar, adulto mayor, falleció 12 diciembre; María Domínguez Gómez, 57 años, falleció 13 diciembre, localidad Pom. Por hipotermia: Domingo Girón Luna, 70 años, falleció 9 diciembre, localidad, Pom; Martín Girón Rodríguez, 80 años, localidad Canan Lumtic; 1 Muerte fetal, hija(o) de Catarina Sánchez Pérez, 15 de noviembre, localidad Tzomolton. Por diabetes descompensada: Marcelino Gómez López, adulto, padecía diabetes, presentó complicación, no pudo ser trasladado a San Cristóbal de Las Casa por bloqueo en carretera. Por arma de fuego: Samuel Luna Girón, adulto, falleció 18 de octubre. Por Intoxicación por herbicida: Raymundo Luna Pérez, 17 años, falleció el 17 diciembre, localidad Chen Mut. Por Causa desconocida: Adriana de Jesús Pérez Pérez, 2 meses, falleció 30 noviembre, localidad Pom; Recién nacida Ernestina Sánchez Pérez de Canan Lumtic. Documentación en Archivo Frayba.

 

[11] Soberanes, Rodrigo. Violencia sigue asfixiando a desplazados que retornaron en Chiapas. Chiapas, México. 29 de enero de 2018. Disponible en: http://www.animalpolitico.com /2018/01/chiapas-violencia-retorno-desplazados/

 

[12]Frayba. Acción Urgente. En riesgo la vida de familias desplazadas-retornadas en Chalchihuitán. 4 de enero de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-y-la-integridad-de-centenares-familias-desplazadas-retornadas-en-chalchihuitan/

 

[13]Archivo Frayba. Resultados del registro documental sobre desplazadas y desplazados del municipio de Chalchihuitán, Chiapas levantado entre el 10 y 18 de mayo de 2018 por representantes del Comité de desplazados Chalchihuite.

 

[14]Victoria Tauli-Corpuz, Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México. 28 de junio de 2018. Disponible en: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/noti/ noticias /241-report-unsr-mexico

 

[15]Ibídem

  

Publicado originalmente en: RompevientoTV

 

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