Estado mexicano reconoce responsabilidad por no investigar la desaparición forzada de Antonio González Méndez
Sabanilla, Chiapas, México
19 de enero de 2022
Boletín No. 1
- Víctima de la guerra de contrainsurgencia implementada por la política genocida en Chiapas.
A 23 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez (Antonio) ocurrida el día 18 de enero de 1999, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por esta grave violación a derechos humanos, cuando tenía 32 años de edad y era parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La desaparición de Antonio se dio en el marco de la guerra de contrainsurgencia emprendida por el Estado mexicano para combatir la lucha por la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas en Chiapas. Después de la guerra frontal hacia las comunidades en resistencia y bajo la exigencia del pueblo de México de optar por la Paz, el Estado mexicano cambió de estrategia impulsando una guerra integral de desgaste atacando a la población civil mediante la implementación de tácticas de guerra contrainsurgente.
Una de las estrategias implementadas por el Ejército mexicano fue la ocupación de la zona de conflicto, así como la conformación de grupos paramilitares, impulsando su formación, financiamiento y entrenamiento con la finalidad de exterminar al “enemigo interno”, ocasionando por lo menos en esta región 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4500 personas desplazadas de manera forzada tan solo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua.
Entre los grupos paramilitares que comenzaron a operar en la zona Norte de Chiapas fue Organización Desarrollo Paz y Justicia que sirvió como apoyo de las operaciones militares en contra de la población tal y como se estipuló en el documento Plan de Campaña Chiapas 94. De tal manera que los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la población durante el tiempo prolongado de la guerra integral de desgaste se efectuaron con el impulso, permisibilidad y aquiescencia del Estado mexicano que durante aún en la actualidad sigue encubriendo impunemente estos crímenes, hasta que exista un mecanismo de esclarecimiento de la verdad y acciones de justicia en estos territorios agraviados.
Fue hasta las acciones de diversas organizaciones y de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la CIDH decidió admitir el caso por las graves violaciones de derechos humanos en contra de Antonio que, tras 19 años, en junio del 2019, emitió su Informe de Fondo señalando al Estado mexicano su responsabilidad por la falta de investigación de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, además reparar integralmente los daños ocasionados a él y a su familia. Como parte de estas medidas es el acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública que hoy se lleva a cabo.
Instamos al gobierno en turno a que muestre la voluntad de investigar eficaz y diligente, agilizando la investigación ministerial para que se esclarezcan los hechos y se de con el paradero, se identifique a los responsables y sean castigados, tomando en cuenta el contexto de guerra contrainsurgente orquestada hacia las comunidades y pueblos indígenas, abonando a la verdad y justicia para él, su familia, y su comunidad, quienes sufren el dolor, angustia e incertidumbre profundizada por la ausencia permanente e ineficacia de las autoridades.
El Estado mexicano debe impulsar una investigación amplia en las zona Norte, Altos y Selva de Chiapas, donde se implementó el Plan de contrainsurgencia elaborado por la Secretaria de la Defensa Nacional, y operado por el Ejército mexicano y la Marina Nacional, con la firme convicción de que estos hechos no se vuelvan repetir aquí y en ningún lugar del territorio mexicano.
