El 22 de marzo de 2021 el Juez del Poder Judicial del Estado de Chiapas desestimó los argumentos de violaciones de derechos humanos y tortura, admitiendo pruebas obtenidas con violaciones de los derechos. El Ministerio Público sostuvo que las lesiones que presentaban César y José Luis, se las habían causado ellos mismos.
Ambos defensores de derechos humanos se encuentran sujetos a un procedimiento penal injusto que criminaliza la defensa de la vida, enmarcado en la estrategia de militarización de territorios de los pueblos originarios.
