La represión al magisterio en Chiapas expresión de la violencia generalizada implementada por el Estado mexicano
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
a 21 de abril de 2016.
Chiapas, una de las entidades con mayores índices de pobreza en el país, se encuentra inmersa, desde hace décadas, en un contexto de violencia y guerra contrainsurgente, que se ha recrudecido y generalizado por la creciente presencia de grupos de corte paramilitar que operan bajo el auspicio de los tres niveles de gobierno, en complicidad y connivencia, con la delincuencia común y el crimen organizado, incentivando la impunidad y el surgimiento de fuertes conflictos como los que se viven en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantelhó, Simojovel, Venustiano Carranza, Las Margaritas y Oxchuc, en donde la población se ha manifestado ante el abuso de poder de representantes del Partido Verde Ecologista de México quienes llegaron a las alcaldías municipales a través de elecciones fraudulentas para tener el control del territorio y permitir la apropiación de los bienes naturales.
En este contexto de fuerte descontento social e implementación de reformas estructurales, el Gobierno mexicano ha decidido mostrar su rostro autoritario ante la movilización de maestros y maestras, obedeciendo a intereses neoliberales de privatización de la educación pública y a la par de eliminación de derechos laborales para el Magisterio, encubiertos bajo una evaluación que permitirá, supuestamente, mejorar el nivel educativo.
Así el pasado viernes 15 de abril de 2016, la Policía Federal y la Estatal de Chiapas cumplieron con la orden de reprimir las manifestaciones que reivindican el derecho a la educación pública, a la salud y los derechos laborales, las cuales habían sido convocadas por maestros y maestras de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Suchiate, Ciudad Cuauhtémoc, Cintalapa, Comitán, Playas de Catazajá, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
En San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, la represión incluyo la presencia de la Policía Municipal, así como el uso de balas de goma y gases lacrimógenos, estos últimos proyectados desde helicópteros. La acción estatal se caracterizó por un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza pública poniendo en riesgo la vida, integridad y la seguridad de la población civil que circulaba, trabaja y vive en los lugares de los hechos y de las personas que ejercían su derecho a la protesta y la libertad de expresión. De especial preocupación son las afectaciones a mujeres, niñas, niños y personas mayores. Lo anterior resultó en graves violaciones a los Derechos Humanos: privaciones arbitrarias de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, faltas al debido proceso y vulneración de garantías judiciales.
Es indignante como el Estado hace uso de la violencia, en nombre de la paz social y el orden público, para detener la protesta social y criminalizar a quienes legítimamente se organizan para defender sus derechos y manifestar su rechazo en contra de las políticas públicas que promueven la desarticulación del tejido social, el empobrecimiento, la impunidad y promueven modelos de economía neo-extractivista que han desbordado la violencia.
Reprobamos enérgicamente la decisión del ejecutivo federal, estatal y municipal de optar por la violencia y el uso de armamento prohibido en el ámbito internacional de los derechos humanos, bajo el argumento de mantener la paz social y la protección de los derechos de terceros.
Rechazamos las acciones de intimidación que se visibilizan en detenciones y traslados arbitrarios fuera de la Entidad (10 maestros y 8 maestras al penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, la mañana del sábado 16 de abril), así como la conducta de las autoridades para impedir a las personas privadas de su libertad el acceso a una defensa adecuada ya que se les mantuvo incomunicadas, durante las primeras doce horas siguientes a su detención, además personal de la Procuraduría General de la República impidió el trabajo de defensoras y defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que se encontraba documentando los hechos, siendo especialmente grave la situación del profesor Gregorio de la Cruz Vázquez, indígena cho'l, al que se le daba por desaparecido, quien fue torturado por la Policia estatal y actualmente continúa injustamente preso judicializado por su acción de protesta.
Quienes firmamos este comunicado responsabilizamos al Secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, quien había publicado su compromiso de “privilegiar el diálogo y el cumplimiento irrestricto del marco jurídico como única vía para encontrar soluciones a los problemas de los chiapanecos”; a Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado, a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad y a Jorge Luis Llaven Abarca, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a quienes Frayba había informado de la grave situación urgiendo a evitar eventos y/o daños de imposible reparación; A Enrique Peña Nieto, Miguel Angel Osorio Chong y Aurelio Nuño Meyer quienes son causantes de la política represiva del actual régimen.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, a que manifieste su desacuerdo ante este contexto de represión y violencia que impacta a la población en general, y que tiene como finalidad la desarticulación de los movimientos sociales para infundir terror. Exigimos al Estado que ante las acciones de protesta magisterial ya anunciadas evite el uso de la violencia y haga prevalecer el diálogo.
Nos pronunciamos a favor del derecho a la educación y a la salud públicas, a la manifestación y protesta social así como a favor de los derechos laborales. Reprobamos el uso de la violencia contra quienes buscan ejercer estos derechos.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana) Descarga el pronunciamiento en PDF aquí