A casi tres años del desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas.

282 familias pertenecientes al Pueblo Maya Tsotsil, se encuentran en riesgo para la vida, seguridad e integridad por ataques armados.

Amenazas, agresiones y difamaciones vulneran el derecho a la libre expresión y organización del Comité Chalchihuitle.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), manifiesta su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 1,237 personas en desplazamiento forzado, que conforman 282 familias, en 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas, México.¹ Debido a que los ataques con armas de fuego, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, persisten durante el confinamiento por Emergencia Sanitaria de Covid 19, ante las omisiones del Estado mexicano.² Además continúan las amenazas, agresiones y difamaciones hacia las y los integrantes del Comité Autónomo de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle (Comité Chalchihuitle)³ y hacia diez familias de Cruz K'ak'alnam, quienes en su mayoría son niñas, niños, mujeres y personas mayores.

Desde marzo de 2020 a la fecha el Comité Chalchihuitle registró 18 agresiones con armas de fuego hacia las comunidades de K’analumtik, Tulantik, Cruz K'ak'alnam, Pom en el tramo Chacojton, asi como hacia los puntos Tsamtech’en y Tseleltik, en Chalchihuitán. Así también denuncian que los agresores ingresan a tierras de Chalchihuitán: “Hace 1 mes en la comunidad de Pakanam, el grupo ya quiere cruzar el río, roban y están armados. En K’analumtik, cruzaron el río y trabajaron las tierras aproximadamente 40 metros cuadrados.”⁴

De acuerdo a testimonios de una mujer desplazada, el Comité Chalchihuitle enfrenta violaciones al derecho a la libre expresión que ponen en riesgo su vida, seguridad e integridad: “Hoy están haciendo una campaña de violencia en contra de nuestros compañeros Marcos Pérez Gómez y Ausencio Pérez Paciencia para que sean golpeados, asesinados, detenidos, secuestrados o expulsados de sus propias comunidades por ser defensores de derechos humanos.”⁵

10 familias, 42 personas en total, en la comunidad de Cruz K'ak'alnam viven en la línea de fuego en los límites con Chenalhó, desde la destrucción de los campamentos de desplazadas el 21 de diciembre de 2018.⁶ Actualmente reciben disparos constantes por parte del grupo civil armado de corte paramilitar y también se encuentran amenazadas por autoridades de su propia comunidad a consecuencia de la división generada por el retorno forzado el 04 de enero de 2018.⁷

El Frayba reitera al Estado mexicano el llamado de la CIDH para reconocer el papel fundamental que realizan las personas defensoras de derechos humanos y garantizar su protección y seguridad en el contexto de pandemia por COVID 19.⁸

La Fiscalía de Justicia Indígena no investiga eficazmente las denuncias presentadas por hechos delictivos y las violaciones a derechos humanos, que se han perpetrado en casi tres años de desplazamiento forzado. Los responsables identificados con nombres no han sido sancionados. Entre las investigaciones que no avanzan se encuentra el asesinato de Samuel Luna Girón, cometido el 17 de octubre de 2017.

Por lo anterior este Centro de Derechos Humanos urge al gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas y al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador a:

Investigar, desarmar, desarticular y sancionar a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables de la violencia y el desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas.

Implementar medidas que garanticen la vida, seguridad y protección de quienes integran el Comité Chalchihuitle, de las 10 familias de Cruz K'ak'alnam, así como de las 1,237 personas en desplazamiento forzado, quienes no han podido retornar de manera definitiva a sus casas y tierras de trabajo, en Chalchihuitán.