A un año del desplazamiento forzado interno de las 4 familias del pueblo Maya Lacandón

13 de septiembre de 2024
Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas, México.

A los medios de Comunicación Nacionales e internacionales.
A los organismos de Derechos Humanos Nacionales e internacionales.
A las y los Defensores de Derechos Humanos.
A los Colectivos de Desplazados y Desplazadas.

A un año del desplazamiento forzado interno de las 4 familias del pueblo Maya Lacandón damos nuestra palabra:

Por este medio hacemos de su conocimiento que desafortunadamente la violencia se ha vuelto cotidiana en la Selva Lacandona y en el estado de Chiapas en general en los últimos años. Como región de frontera selva de nuestro estado ha sido penetrado por organizaciones criminales de diverso origen que están afectando severamente la vida de las comunidades, estas organizaciones ven la selva como un territorio especialmente codiciado para sus negocios y actividades ilícitas y por eso nos hemos visto afectados como defensores del territorio, pues evidentemente a estos grupos no les conviene que hayan comunidades organizadas y progresando de acuerdo a sus modelos de vida vinculados al respeto a la vida y la Madre Tierra.

Los liderazgos comunitarios, los defensores de los pueblos en sus derechos y en la defensa del territorio estamos especialmente vulnerables ante esta situación. Desde nuestras responsabilidades comunitarias, comunales y familiares nos hemos comprometido durante muchos años a salvaguardar la paz y la ecología de nuestro territorio de la selva como nos legaron nuestros antepasados, lo cual ha significado riesgos, amenazas, y estrés físico y emocional.

Como autoridades comunales hemos ejercido un liderazgo en la defensa del territorio y del medio ambiente, en diálogo con pueblos, ejidos y comunidades vecinas buscando la paz social, así como en negociaciones complejas con las diversas autoridades de los tres niveles de gobierno para buscar el bienestar de las comunidades de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona; nos ha tocado recibir amenazas de todo tipo incluida de muerte y ataques por parte de la violencia desatada por elementos del crimen organizado, todo esto porque hay grupos de interés que no les conviene que las comunidades avancemos en la paz y prosperidad cuidando el territorio, por lo que lastimosamente hemos sido desplazados junto con nuestras familias de nuestros domicilios ubicados en la comunidad Lacanja Chansayab, situada dentro del perímetro de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, en el municipio de Ocosingo en el estado de Chiapas, tal como consta en las denuncias presentadas por el desplazamiento que sufrimos el día 13 de septiembre del año 2023 y por el ataque con armas de fuego de que fuimos víctimas el día 12 de octubre del 2023.

El 29 de marzo de este año, se llevó a cabo una asamblea en la comunidad de Lacanjá Chansayab, en donde autoridades de la subcomunidad en compañía de integrantes del crimen organizado informaron a la asamblea que iban a tomar posesión de nuestras parcelas, casas y propiedades; despojándonos absolutamente de todo nuestro patrimonio comunitario y privado.

A pesar de las continuas denuncias que hemos presentado ante las instancias de justicia correspondientes y diversas mesas de diálogo, no hemos recibido respuesta, sino más bien una administración y negación de la situación de desplazamiento, reiterando que no somos desplazados sino personas en estado de vulnerabilidad, cuando la realidad es que estamos en una situación desesperada de desplazamiento forzado por falta de atención adecuada por parte de las instituciones del estado.

Nosotros vemos que no hay posibilidad de un retorno a nuestra comunidad de Lacanja Chansayab ya que la delincuencia organizada está operando las 24 horas del día, operan como policías en la comunidad, involucrando a todos sus habitantes que extorsionados o involuntariamente se han quedado para participar con ellos.

Quienes no accedimos a su extorsión o quienes como activistas hemos sido autoridades comunitarias y defensores de los derechos de los pueblos y del territorio biocultural hemos sido obligados a abandonar la comunidad, dejando atrás todos nuestros patrimonios como comuneros, conseguidos a lo largo de años y décadas de muchos sacrificios y esfuerzos de trabajo de toda la familia. Nuestros inocentes animalitos fueron cruelmente asesinados por los violentos de la comunidad como un acto de intimidación y advertencia en contra nuestra.

Somos cuatro familias las que hemos sido desplazadas violentamente y bajo amenazas de muerte por los mismos hermanos lacandones que desgraciadamente se han aliado con los criminales, exponiendo nuestros derechos como pueblo originario ancestral, colocando nuestros territorios al servicio de estas organizaciones y controlando a todas las familias lacandonas para ponerlas al servicio de estos criminales para el beneficio de unos cuantos.

Los gobiernos de los tres niveles han hecho caso omiso a la situación de las familias maya lacandón desplazadas, siempre negando la realidad de lo que a pasado en la comunidad de Lacanjá Chansayab. Nunca han tratado con firmeza y voluntad política nuestra situación ni nos han apoyado en las necesidades básicas que tenemos como desplazados del pueblo maya Lacandón. Hemos quedado en el olvido. Solo dicen las autoridades que estamos en estado de vulnerabilidad cuando la realidad es que hemos caído en situación de pobreza y marginalidad, además de que estamos en serio riesgo para nuestra integridad física y eso no lo quieren reconocer las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes minimizan la situación.

Nuestra situación en este momento es de mucha inestabilidad, inseguridad y riesgo para las familias desplazadas. Por el momento estamos reubicados en la comunidad de Nueva Palestina municipio de Ocosingo, Chiapas, donde compañeros comuneros generosamente aceptaron recibirnos, pero sabemos que en esta comunidad que nos recibió siguen entrando espías del crimen organizado.

Bien sabemos que la policía cubre la presencia de estos malechores, hemos observando la participación de la policía estatal en las maniobras del crimen organizado y es por eso que tememos por nuestra seguridad y consideramos que no hay condiciones propicias para garantizar nuestra integridad. Cotidianamente tenemos que estar alertas ante la evidente posibilidad de que haya un ataque violento hacia nuestras familias, por eso seguimos con temor, porque nosotros conocemos a este grupo del crimen organizado, porque son nuestros propios compañeros indígenas mayas lacandones y sabemos que si cumplen con sus amenazas y prueba de ello es que nos desplazaron y en ese proceso nos atacaron con armas de fuego e hirieron a uno de nuestros compañeros.

Desde donde estamos reubicados seguimos con preocupación todo lo que está aconteciendo en nuestra comunidad de origen, nos enteramos de cómo sigue operando el crimen organizado, siguen las desapariciones, las amenazas y ellos siguen tranquilos y nadie les toca, siguen con sus trabajos ilícitos sin que nadie les diga nada, han quedado en la impunidad. Mientras tanto nuestras familias sufren el desplazamiento de nuestros territorios de origen y el despojo de nuestros patrimonios, sufrimos por la falta de salud, educación y alimentación, lo cual está dejando fuertes secuelas traumáticas en nuestros niños y niñas, que comienzan a padecer secuelas de desnutrición, falta de educación y salud física y psicológica. Es muy preocupante nuestra situación, desde hace tiempo el Estado mexicano lo sabe y sus instituciones lo saben, pero no lo quieren reconocer, siguen diciendo que no hay nada, cuando hay pruebas suficientes para demostrar lo que ha estado pasando.

La entrada del crimen organizado en la comunidad de Nueva Palestina en el mes de agosto 2023 fue el detonante para que esta comunidad se organizará y los denunciará ante la opinión pública. La comunidad de Nueva Palestina demostró con una gran manifestación de sus habitantes, con participación activa del magisterio y los estudiantes de todos sus niveles educativos, quienes en una sola voz alertaron que la violencia del crimen organizado ha llegado a nuestros territorios y se pidió al gobierno federal y estatal que garantice la seguridad en la comunidad, tanto para la niñez como para el pueblo en general.

El gobierno minimizó la situación de violencia que se estaba empezando a desatar en la Selva Lacandona, días después de la movilización en Nueva Palestina la comunidad de Frontera Corazal, que también está en el perímetro de los Bienes Comunales, fue víctima también del crimen organizado y se hizo la denuncia ante las instancias del gobierno sin obtener respuesta del estado, así fue que la gente se levantó igual pidiendo auxilio a las fuerzas armadas y al gobierno federal porque ya no había confianza en el gobierno local y estatal. Después de tantas movilizaciones se instaló una mesa de seguridad en la ciudad de Palenque, en la que participaron instancias castrenses y gobierno federal, estatal y municipal, pero lastimosamente no se avanzó en el tema de la seguridad. Hubieron algunos acuerdos que se firmaron pero hasta la fecha no se ha hecho nada para desmantelar a estos grupo del crimen organizado, la única respuesta y propuesta del gobierno es que nos quedemos en nuestras casas y territorios, que no nos desplacemos, pero eso conlleva el aceptar trabajar para los grupos de delincuencia, sobrevivir extorsionados, pagarles su impuesto como derecho de piso y participar de sus actividades ilícitas funcionando como base social de estos grupos de delincuentes como sus policías y en sus movilizaciones como bloqueos, haciéndonos hacernos cómplices de sus delitos, esa es la triste disyuntiva que nos propone el gobierno.

Por último, le informamos que a pesar de sufrir el desplazamiento no hemos renunciado a nuestros derechos agrarios como comuneros, lo que construimos con nuestras familias que es nuestro patrimonio porque es el esfuerzo de trabajo de muchos, durante años, décadas y nuestro patrimonio de por si es milenario. Todo esto se ha quedado en manos de los delincuentes, pero no nos resignamos a esta situación y queremos recuperar nuestros bienes y que nos paguen los daños y pérdidas causadas por el desplazamiento que sufrimos desde hace tiempo.

Tenemos derecho al pago por servicios ambientales ya que hemos sido responsables del cuidado de la selva y aunque hemos sido desplazados de nuestra comunidad tenemos derecho a ese recurso, pero, usurpando nuestro nombre los criminales empoderados en Lacanjá Chansayab han cobrado la parte de esos recursos que nos corresponden a las cuatro familias desplazadas. Por otro lado, también como comuneros tenemos derecho al uso y disfrute del territorio de 1200 hectáreas de la laguna Jalisco, donde tenemos actividades de trabajo campesino y comunitario las cuatro familias desplazadas, pero nos han amenazado de que si nos ven por ese territorio nos van a matar, aunque nos han desplazado eso no quiere decir que hemos abandonado nuestro derecho a ese territorio ancestral.

Ante esta situación de despojo de nuestros patrimonios de los territorios a los que tenemos derecho como comuneros, solicitamos que si el gobierno en sus tres niveles, federal, estatal, municipal es incapaz de hacer valer nuestros legítimos derechos a la propiedad comunal, el bienestar, al disfrute del patrimonio que con el trabajo de años hemos podido desarrollar, así como a los territorios que nos corresponden como comuneros indígenas defensores de la madre tierra, entonces que el gobierno asuma su responsabilidad de indemnizarnos económicamente por el valor de esos patrimonios de los que hemos sido expropiados de manera ilegal e ilegítima por parte del crimen organizado.

La paz en Chiapas y en el país está en riesgo, no es solamente un asunto particular, la situación en la selva Lacandona en nuestro estado fronterizo es un polvorín a punto de estallar, nuestra situación es solo la punta del iceberg.

Atentamente:
Familias desplazadas de Lacanjá Chansayab, Bienes Comunales de la Zona Lacandona.